Surtidores de gasolina

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Observatorio de la Energía

Los operadores petrolíferos se alían frente a los tres grandes para luchar contra la acusación de fraude de IVA en la gasolina

Crean una asociación, AOPYDE, que reunirá a operadores y distribuidores de España que suponen el 20% de las transacciones internas de hidrocarburos.

4 julio, 2024 02:11

El caso del fraude del IVA en los carburantes, que lleva años denunciándose por parte de los grandes grupos energéticos del sector del petróleo, ha dado un nuevo giro de guion. Una decena de operadores petrolíferos y distribuidores españoles, que representan entre el 15% y el 20% del mercado de transacciones internas de hidrocarburos, se han unido bajo las siglas de una nueva asociación, AOPYDE.

La Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles, donde se integran empresas como Biovigo Energy, Viroque Petroleum, Martankship Ltd., Biomar Oil o Villafuel, entre otros, están cansados de que esté en juego su reputación.

"Denunciamos las prácticas abusivas y la competencia desleal cometidas por empresas del sector y no son desconocidas, son las que tienen un alto control del mercado", explican fuentes de la neonata asociación en un encuentro con los medios.

"Queremos acabar con la publicidad engañosa de algunas de estas empresas, por ejemplo, que nos vendan que su combustible es mejor cuando el combustible que circula por el país es el mismo para todos", añaden. 

"Y eso es así porque todo termina en lo que se conoce como Tanque Único, es decir, en toda la infraestructura de Exolum (oleoductos y almacenes) y otras logísticas que existen en el territorio y que están interconectadas", matizan.

Fraude del IVA

Hace ya más de una década que existe el fraude sobre el IVA en la venta de combustible en España, pero en los últimos años se ha extendido de manera preocupante. Es decir, que un alto porcentaje (se habla del 25% en el primer trimestre de 2024) del combustible que se vende en España no pasa por Hacienda, pese a que el consumidor final sí paga el 21% del impuesto cada vez que reposta su vehículo.

"Y lo ocurrido en los primeros tres meses de ese año ha sido una orgía de fraudes como consecuencia del anuncio, en diciembre, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de que se iba a inhabilitar esta práctica a finales de marzo. Eso abrió la puerta a que se desatara una fiesta de operaciones sin IVA", añaden las mismas fuentes. 

Para AOPYDE se está utilizando incorrectamente el término de 'fraude' para hablar de estas prácticas al margen de la legalidad. "Comete el delito penal de fraude el que engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro", dice la ley.

La consecuencia es que algunas gasolineras están ofertando a precios muy por debajo del mercado, provocando una competencia desleal con el resto de los competidores. "Eso es así, pero también hay grandes energéticas que ofertan precios por debajo del mercado si el cliente consume también otros productos, como hacerse de la comercializadora de electricidad, si se baja la App de turno o se le lleva un litro de aceite de cocina usado y no pasa nada", detallaron. 

La "solución italiana"

Para AOPYDE, la defensa del libre mercado y la competencia justa está entre sus objetivos. Por eso, no valora positivamente la "solución italiana" como alternativa al fraude del IVA.

La solución italiana, que es la preferida por las grandes patronales petrolíferas (AOP -Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos- y UIP -Operadores Independientes del sector energético-), consiste en que cuando un cargamento de gasolina o gasoil sale de un depósito fiscal, el operador mayorista debe adelantar el IVA de la operación siguiente, de forma que desaparece la posibilidad de defraudar.

"Esto solo lo pueden soportar las grandes energéticas, con un gran músculo financiero, lo que reduciría la competencia entre solo unas cuantas, y estaríamos ante un escenario muy parecido al de un oligopolio", añaden desde AOPYDE.

"En este contexto, si finalmente se pone en marcha esta medida en la nueva Ley de Hidrocarburos, se puede cargar al 50% del sector, pero lo peor no es eso. Lo peor es que estamos teniendo problemas de Compliance y reputacional y eso supone que el sector bancario nos está cerrando el grifo de la financiación", concluyen.