España arrastra un déficit de inversión de 5.000 millones anuales en infraestructuras hídricas en plena emergencia

El informe de PwC destaca que, para garantizar el correcto funcionamiento del ciclo urbano del agua, es necesario invertir anualmente 6.200 millones de euros en la expansión, renovación y mejora de infraestructuras.

Esta cifra se desglosa en cuatro partidas principales: 2.600 millones de euros para medidas de expansión de infraestructuras contempladas en los Planes Hidrológicos, 550 millones para nuevas infraestructuras no incluidas en estos planes, 2.600 millones para renovar activos existentes y 450 millones para adaptar infraestructuras de depuración a los nuevos requisitos de la directiva europea.

En los últimos cinco años, la inversión anual promedio ha sido de apenas 1.200 millones de euros, un 80% menos de lo necesario, y si se mantiene esta tendencia, la proyección para los próximos 5 años será de un déficit acumulado de 25.000 millones de euros. Esta insuficiencia ha frenado el progreso de un sector que, antes de la crisis económica de 2008-2012, mostraba signos de notable avance.

Además, las transferencias europeas llevan años en retroceso, según indica el informe de PwC. Los fondos NextGeneration EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (PRTR), tienen un impacto limitado en el sector del agua en España. Específicamente, solo se identifican varias palancas de inversión que resultan insuficientes para paliar el déficit de inversión.

La primera de ellas, el Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica de digitalización del ciclo del agua con una dotación total de 3.485 millones de euros. Y la segunda, referente a la Preservación del litoral y recursos hídricos que supone una inversión de 5.146 millones de euros.

Con todos estos datos, el informe propone una serie de medidas para mejorar la financiación y gestión de las infraestructuras hídricas. Entre ellas, destaca la creación de una metodología nacional para la estimación de tarifas urbanas y la inclusión de partidas específicas en las tarifas de agua para financiar la reposición de activos existentes.

Además, se sugiere la flexibilización del modelo concesional y la creación de un Fondo Nacional del Agua para financiar proyectos donde la financiación convencional sea difícil.

Finalmente, también aboga por mejorar la planificación de infraestructuras a nivel municipal, fomentar operaciones más eficientes mediante incentivos a la agregación municipal y avanzar en la creación de un ente regulador específico para el sector, que ofrezca independencia y un mayor carácter técnico en la toma de decisiones.