La consulta —que entre sus objetivos recoge la lucha contra el fraude— recabará opiniones para actualizar la Ley 34/1998, Real Decreto 2487/1994 o el Real Decreto 61/2006, entre otras cosas.

Estas normativas regulan la actividad de los operadores petrolíferos, como el régimen de autorizaciones y concesiones, sus derechos y obligaciones, el uso de biocarburantes o las competencias de las autoridades reguladoras del sector.

La figura del operador petrolífero es precisamente el eslabón débil en el que se comete el fraude de los carburantes. Por eso, las grandes asociaciones del sector llevan tiempo presionando al Gobierno para que tome medidas contundentes, como ampliar los controles sobre los operadores mayoristas o imponer avales a los distribuidores para garantizar el cobro del IVA.

La audiencia pública, que recoge también la transposición de la Directiva europea relativa a normas comunes para los mercados interiores del gas natural y los gases renovables y del hidrógeno, estará abierta desde este jueves 5 de septiembre hasta el próximo 16 de octubre.

La normativa "pretende actualizar la normativa básica sectorial de hidrocarburos y nuevos combustibles, entre otras, lo relativo a medidas de protección de consumidores vulnerables, de lucha contra la pobreza energética, de lucha contra el fraude, de promoción de la eficiencia energética, de uso de fuentes renovables, digitalización y fomento de los de gases renovables y nuevos combustibles", recoge la consulta.

Aspira a adaptar la normativa actual, "dotando de la necesaria seguridad jurídica a los actores económicos para el desarrollo del sector que permita la consecución de los objetivos de descarbonización establecidos en el Marco Estratégico de Energía y Clima".

En 2015 tuvo lugar la liberalización del sector de los hidrocarburos. La forma en la que se llevó a cabo supuso la entrada de mafias organizadas que operaban en otros países, sobre todo en Italia, según explican fuentes del sector a este medio.

Estas organizaciones aterrizaron en España atraídas por las facilidades que presentaba el mercado para cometer fraude en los carburantes.

Imagen de una persona repostando gasolina. iStock

La clave del engaño radica en el régimen suspensivo aplicado al realizar estas compras, pues al adquirir el producto, no es necesario pagar el IVA ni el impuesto de hidrocarburos de manera inmediata. Ambos impuestos se deben liquidar cuando el combustible se comercializa a los clientes.

En su momento, Italia tomó medidas contundentes para evitar el fraude en el IVA de los carburantes. Las medidas italianas determinaron que el IVA se tenía que ingresar a la salida del depósito fiscal, siempre que no fuese un operador confiable (con un patrimonio neto elevado, activos en el país…).

Así, el Estado otorgaba el título de operador, lo catalogaba como operador confiable o no confiable, y en el caso de pertenecer a este segundo grupo, le obligaba a pagar el IVA.

El 28 de marzo entró en vigor la normativa que prohíbe las ventas entre distribuidores al por menor. No obstante, las asociaciones petroleras y las estaciones de servicio aseguran que esta medida no es suficiente.

Las patronales afectadas han denunciado reiteradamente el impacto negativo que está generando que estos operadores piratas no paguen IVA, no incorporen el porcentaje de biocombustibles necesario o eludan los pagos a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

El fraude de los carburantes supone más del 25% de las ventas del sector de combustibles en España. Se estima que afecta a un 10% de las estaciones de servicio de las 12.000 que hay en el país. Es decir, unas 1.200, que pueden ofrecer así los combustibles más baratos.

Esta situación está provocando que haya gasolineras que no pueden ofrecer los combustibles más baratos y otras que no pagan a sus suministradores el IVA ni cumplen con los porcentajes de biocombustibles -más caros que los combustibles convencionales- que obliga la ley.

Precisamente este jueves, los responsables de grandes petroleras como Repsol, Cepsa y BP volvieron a denunciar esta situación durante sus intervenciones en un foro informativo organizado por El Economista.

Para el consejero delegado de la mayor petrolera del país, Josu Jon Imaz, el fraude en los carburantes no es solo un tema económico, sino de "seguridad nacional".

Se calcula que el fraude tiene un coste anual para las arcas públicas de en torno a 1.000 millones de euros y ha señalado que con lo que supone anualmente el fraude "masivo y organizado" en el IVA en los carburantes se harían diez hospitales al año.

Gases renovables

La consulta pública busca también la transposición de la Directiva europea relativa a normas comunes para los mercados interiores del gas natural y los gases renovables y del hidrógeno.

En concreto, pretende transponer al ordenamiento jurídico nacional la Directiva (UE) 2024/1788 del Parlamento Europeo y del Consejo y realizar las modificaciones necesarias en la normativa sectorial para su adaptación a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2024/1789, del Parlamento y del Consejo relativo a los mercados interiores del gas renovable, del gas natural y del hidrógeno.