De dcha. a izq.: Francisco Reynés (Naturgy), Ignacio Galán (Iberdrola), Josu Jon Imaz (Repsol), Maarten Wetselaar (Moeve) y José Bogas (Endesa).
Las energéticas, convencidas de que PNV y Junts frenarán el ‘impuestazo’ y salvarán 30.000 millones de inversión
- El sector alerta que el gravamen es "enemigo" de las inversiones y confía en que decaiga en el Pleno "sin ser necesario un recurso" ante los tribunales.
- Más información: El Gobierno reducirá las ayudas del bono social para 1,7 millones de hogares y el IVA de la luz volverá a subir al 21%.
El gravamen energético se mantendrá en 2025, aunque sólo por el momento. Si bien el Gobierno ha introducido en la nueva tasa algunas novedades demandadas por sus socios nacionalistas, las compañías energéticas confían en que la oposición de Junts y PNV frene sus intenciones.
Así lo señalan distintas fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia, quienes, a la espera de conocer todos los detalles, consideran "muy difícil" y "muy poco probable" que ésta consiga el respaldo necesario.
Las energéticas esperan que finalmente la tasa no consiga pasar el examen del Congreso, con lo que "decaería por sí mismo sin ser necesario un recurso" ante los tribunales. Cabe recordar que las empresas del sector, tanto de forma individual y a través de Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), ya iniciaron disputas legales en 2023 por este motivo.
Europa Press
Mientras, el Gobierno busca garantizar el apoyo de PNV y Junts con dos medidas clave. Por un lado, se plantea una deducción para inversiones estratégicas esenciales en la transición ecológica y la descarbonización, una propuesta negociada previamente con los catalanes. Por otro, se propone transformar el gravamen en un impuesto permanente, un intento de atraer el respaldo de los vascos.
Pretende evitar que se repita lo sucedido hace menos de una semana, cuando ambos partidos tumbaron el gravamen en las Cortes, con el apoyo de una enmienda del PP a la reforma fiscal del Ejecutivo.
¿Qué se sabe de las deducciones a la descarbonización?
Según el Ministerio de Hacienda, aunque sin detallar, estas inversiones se evaluarán por su capacidad para impulsar el crecimiento económico y el empleo, ya sea mediante activos fijos o tecnológicos involucrados en proyectos industriales. Entre las iniciativas contempladas, se incluyen la producción de hidrógeno renovable, la transformación de residuos en productos reutilizables y el desarrollo de gases renovables como el biogás.
"Demostramos que se puede exigir un esfuerzo adicional a las empresas energéticas a la vez que continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde", recalcó Pedro Sánchez el lunes, que también puso en valor que se cumple así con "los compromisos con las distintas formaciones políticas".
Pese a que EH Bildu celebró que el decreto incluya una disposición adicional segunda para la revisión y concertación del gravamen en el sistema tributario de Euskadi y Navarra, las primeras reacciones del PNV mostraron su desconfianza respecto a ese compromiso.
El grupo parlamentario que capitanea Aitor Esteban en el Congreso recordó que ya figuraba en el decreto de 2023 y nunca se cumplió. "¿Cuál es la novedad? ¿Qué garantiza que ahora se concertará y no se mantendrá el gravamen?", cuestionan desde el partido.
Así, el PNV criticó a Bildu por dar "carta de naturaleza" a esta tasa y avisó de que no va a aceptar "parches".
30.000 millones en juego
Desde el sector alertan de los riesgos que corre la inversión si el gravamen sale adelante. "La falta de seguridad jurídica en materia tributaria es enemiga de la inversión", señalan a este diario.
Esta tasa "impide a las empresas españolas invertir en condiciones de igualdad respecto a sus homólogos europeos en un momento en el que las inversiones en el sector energético son fundamentales" y se trata de una medida "compleja de explicar en el ámbito internacional", dicen.
Son inversiones de 30.000 millones de euros para los próximos tres años las que están en juego. Así lo advirtió ya en noviembre la Comisión Ejecutiva del Club Español de la Energía —que agrupa a Iberdrola, Repsol, Naturgy, Moeve (Cepsa), Endesa, TotalEnergies, Bp y EDP—, cuando lanzó una acción conjunta contra el gravamen.
"Para acometer las fuertes inversiones necesarias para impulsar la transición energética y la descarbonización de la economía, las empresas deben contar con un marco estable regulatorio y fiscal y estas medidas de corto alcance no van en la buena dirección para lograrlo", aseguran voces del sector energético.
Las patronales eléctrica, petrolera y gasista (aelēc, AOP y Sedigas) también unieron sus fuerzas el lunes. A la espera de conocer los detalles completos del gravamen, expresaron en un comunicado su preocupación por que "el Gobierno cuestione así la decisión de derogar esta figura impositiva tomada la semana pasada por el pleno de la Cámara Baja".
Los representantes del sector energético advirtieron que este nuevo gravamen supone un retroceso para la competitividad industrial y agrava la inseguridad jurídica en el sector. Asimismo, consideran que la medida afecta negativamente a la reputación de España entre los inversores nacionales e internacionales, enviando una "una señal contraria al impulso del proceso de descarbonización que se precisa en España y Europa".
Más de dos años de tensiones
El conflicto por el conocido como impuestazo comenzó en julio de 2022, cuando el PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición de ley en el Congreso para crear impuestos extraordinarios y temporales para las energéticas y la banca, con el objetivo de financiar ayudas contra la inflación derivada de la crisis de Ucrania.
La medida fue polémica, ya que no gravaría los beneficios, como se había planteado inicialmente, sino un 1,2% de los ingresos de 2022 y 2023 de las empresas con facturación superior a 1.000 millones de euros.
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El gravamen a las energéticas fue aprobado en noviembre de 2022, pero con modificaciones, como la exoneración de los ingresos regulados y la aplicación sólo a las actividades realizadas en España.
Esto generó una fuerte reacción empresarial, especialmente de Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, quien denunció que la medida no era un impuesto, sino una "prestación patrimonial". Este episodio marcó el inicio de un conflicto que ha durado más de dos años.
Entre 2023 y 2024, Repsol anuncio la suspensión de inversiones por 1.500 millones de euros en Euskadi, Tarragona y Cartagena debido a la incertidumbre generada por la posible prórroga del impuesto sobre las energéticas.
Este gravamen recaudó más de 2.800 millones de euros en 2023 y 2024. Las tensiones aumentaron cuando Sánchez anunció la prórroga del gravamen energético, con la intención de hacerlo permanente, lo que provocó reacciones de empresas como Repsol, que trasladó una inversión a Portugal, y Moeve, que paralizó inversiones en hidrógeno verde.
