Los consejeros delegados de las socimis más importantes del país, como son Merlin Properties, Lar España y Colonial, han reclamado a las instituciones públicas mantener su actual régimen fiscal, no por su propio beneficio, sino para evitar un efeco huida del inversor internacional.

El CEO de Colonial, Pere Viñolas, ha asegurado que “sería pegarnos un tiro en el pie como país”. “La situación es paradójica; frente a la aparente iniciativa de aumentar los tributos por la parte de los beneficios no distribuidos, eso se le plantea a un sector que por definición reparte todos los beneficios en forma de dividendos”, ha explicado.

Dentro del webinar “Las socimi como vehículo de inversión y ahorro” organizado por PwC, el consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, ha asegurado que su lucha por mantener intacto el régimen actual de las socimi se enfoca más en “la intropía del sistema”. “Si cambias una norma introducida hace seis años, al mercado de inversión internacional le transmites un cierto mensaje de inquietud e inseguridad jurídica que no es bueno para el sistema en su conjunto”, ha afirmado el directivo.

“Si nos cambian del régimen socimi al normal de sociedades anónimas, no nos afecta en nada: pagamos impuesto de sociedades y a cambio podemos acumular los beneficios de forma indefinida y hacer crecer nuestras empresas hasta el infinito y más allá”, ha explicado Ismael Clemente.

Tanto es así, que según el propio Clemente, “para nosotros egoístamente como gestores es mejor, nos iría mejor, pero nos empeñamos en defender que no se toque el régimen por homologación con el sistema internacional, porque el actual es comprensible para un inversor internacional”.

Por su parte, el consejero de Lar España y CEO de Grupo Lar, Miguel Pereda, ha expuesto que “al país lo que le interesa es canalizar capital de largo plazo, con riesgo más ajustado y retorno algo más bajo para invertir en el sector inmobiliario”. “No se es suficientemente consciente de que estos comentarios lo que hacen es asustar a ese capital que es el que tiene más aversión al riesgo”, ha ahondado.

Efecto nulo

En términos prácticos, ha insistido Pere Viñolas, “el efecto recaudatorio de esta medida sería casi nulo ya que ninguno de las tres socimis hoy presentes apenas tienen prácticamente beneficios no distribuidos”. “Podría decirse que es una norma beneficiosa para el sector porque no la impacta, pero no lo es porque lo que sucede es que cambia el marco jurídico sin sentido y se perjudica algo que es de mucho más calado y largo plazo como es la seguridad jurídica del inversor”.

En esa misma línea, Ismael Clemente ha indicado que ese hipotético 15% del beneficio no distribuido “es un ajuste menor, a nosotros prácticamente no nos afecta nada, pero si toqueteas esto y abres el melón puede llegar otro que tenga otra ocurrencia dentro de dos años hasta que se cae el castillo de naipes y eso sí que sería una desgracia porque ahora sí empezamos a tener un embrión de mercado inmobiliario profesionalizado que nos acerca a países de nuestro entorno a los que nos queremos parecer como Francia, Alemania o Reino Unido”.

En palabras de Miguel Pereda, “para no conseguir nada, lo que haces es una nube, un gran interrogante en el capital” le interesa a España atraer. “En la lejanía, este tipo de rumores no son gratis”, ha enfatizado.

En la misma jornada, Antonio Sánchez Recio, socio responsable de Construcción y Servicios de PwC, y Marco García Guerra, director Real Estate de PwC, presentaron un estudio sobre el papel de las socimis en España. Según sus datos, en 2019 al menos el 77% de los inversores de las socimis cotizadas en el Mercado Continuo fueron inversores institucionales.

Adicionalmente, tres de las cuatro sociedades que cotizan en él (Merlin, Inmobiliaria Colonial y Lar España) cuentan con 23.650 accionistas particulares en su accionariado, según sus respectivos libros de registro. En las sociedades cotizadas del MAB, más de un 50% del capital provino de personas físicas y family offices.

El estudio también determina que, entre 2014 y 2019, las socimis repartieron entre sus accionistas más de 2.300 millones de euros en dividendos, que se elevarían hasta 2.878 millones de euros si se tienen en cuenta las primas de emisión. En un ejercicio teórico, y considerando un hipotético tipo de gravamen medio del 19%, el importe satisfecho en impuestos sobre los beneficios estaría en torno a 446 millones de euros.