No será tan fiero el león como lo pintan. La nueva ley de vivienda prevé compensar a los promotores por la reserva que tendrán que hacer de Vivienda de Protección Oficial en las nuevas construcciones. Eso sí, será sólo en aquellos casos donde existan derechos consolidados y adquiridos por los propietarios. 

La normativa acordada entre los socios de Gobierno contempla que en cada promoción un 30% de las viviendas vayan destinadas a VPO. Una decisión que ha generado estupor entre los grandes fondos de inversión y los principales promotores del país. 

Ahora bien, según explican fuentes conocedoras del texto a EL ESPAÑOL-Invertia, los promotores recibirán una compensación por idéntico valor al de las viviendas destinadas a VPO. ¿Cómo se hará? Entregando otros suelos para construir vivienda libre o permitiendo que se amplíe la edificabilidad en la misma promoción si fuera viable. 

Derechos consolidados

Las mínimas fuentes explican que el daño no será compensado en todos los casos. Recuerdan que la actual normativa ya contempla que en los nuevos desarrollos urbanísticos o planes urbanísticos se haga un reserva de -al menos- el 30% para vivienda social. Por tanto, la reparación se hará exclusivamente en aquellas promociones cuyos propietarios tengan derechos consolidados. 

Para entenderlo mejor, un ejemplo. Si una empresa compra un edificio en el centro de Madrid, decide derribarlo y volver a construir, tendrá que reservar ese 30% si el Ayuntamiento considera que es necesario. Es decir, de 100 viviendas tendrá que destinar 30 a este objetivo. 

Al tratarse de un suelo con un derecho consolidado, el Consistorio estará obligado a compensar a la promotora con un nuevo suelo, por igual valor, que le permita desarrollar esas 30 viviendas libres. 

"Si el Ayuntamiento no puede otorgar esa compensación no podrá exigir esa reserva de VPO", explican las fuentes consultadas por este diario. Lo mismo ocurrirá en caso de que la promoción se desarrolle en un nuevo plan urbanístico o en un desarrollo reciente en donde ya existiera una exigencia de reserva previa. 

Alzan la voz 

De este modo el texto busca minimizar el impacto económico que pueda tener entre los promotores inmobiliarios. Un sector que en las últimas horas había alzado la voz tras conocerse dicha exigencia. Alertaban del impacto que podría tener en la construcción y en el empleo en el sector. 

Temían que pudiera parecerse en exceso al texto adoptado por el Ayuntamiento de Barcelona, en el que exige que en toda nueva construcción exista un 30% de viviendas destinadas a VPO. Sin embargo, con el sistema de compensaciones en suelos consolidados el Gobierno confía en despejar las dudas del sector y en que no haya pérdida patrimonial ni económica para las empresas.