La Ley de Vivienda sólo obligará a bajar los precios del 2% de los 3,4 millones de alquileres en España

...y eso dando por hecho que todas ellas, las poco más de 68.000 viviendas que cumplen los requisitos, estuvieran ubicadas en barrios que acabaran siendo declarados como "zonas de mercado tensionado".

Además, hay que recordar la vacatio legis de los índices de referencia que permitirán activar la bajada por decreto de los alquileres. Y esto implica que no es esperable antes que esa parte de la ley entre en vigor antes de finales de 2024, como ya explicó este periódico el miércoles.

Pero es que el volumen de pisos afectados por la medida resulta muy pequeño para ejercer una presión a la baja en el mercado general de Vivienda en alquiler, con un parque de 3,4 millones de pisos, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Fuentes del departamento de Raquel Sánchez afirman que "en un 85% de los alquileres en España, el arrendador es una persona física con menos de 10 pisos en propiedad". Es decir, propietarios individuales. Y todos ellos, según explicó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quedarían exentos de esta parte de la norma.

Las cuentas

Personas físicas o jurídicas que no sean propietarios individuales pero posean menos de 10 pisos en España también hay. Sus casas suman un total de 15.250, a la vista del catastro.

Y de entre las personas jurídicas, es decir, sociedades de inversión, "hay que descartar a los grandes tenedores públicos", explican las fuentes, "diferenciándolos de los privados". Son unas 200.000 las casas de propiedad pública en alquiler en nuestro país.

De modo que así llegaríamos a la cifra de "unas 140.000 viviendas en manos de grandes propietarios o fondos buitre", como los bautizó Unidas Podemos.

Pero aún habría que eliminar de la cuenta a las que están construidas y alquiladas en las Comunidades Autónomas que gobierna el Partido Popular, cuya portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, advirtió desde el mismo martes de que "jamás activará los mecanismos de esa ley que atenta contra la propiedad privada".

El catastro cifra en algo más de 70.000 las viviendas en manos de inversores como Blackrock, CaixaBank, Cerberus u otros grandes inversores ubicadas en Galicia, Castilla y León, Madrid, Andalucía o Murcia. Y así llegamos a las 68.000 viviendas, es decir, el 2% del total del parque de pisos alquilados en España.

El café con Pedro Sánchez

En todo caso, Unidas Podemos sigue celebrando el acuerdo alcanzado con el PSOE, después de 11 meses y una semana de negativas. Este acuerdo abre la puerta a los Presupuestos de 2022, pero en realidad ya abrió la de los de 2021.

El ala morada del Gobierno, encabezada ahora por Yolanda Díaz, puso como línea roja el cumplimiento del pacto escrito del 27 de octubre de 2020: "Nadie entendería que nos sentáramos a hablar de las cuentas públicas sin que el PSOE haya demostrado su credibilidad", explicaban las fuentes.

Sin embargo, lo cierto es que sí que se habían negociado ya los PGE del año que viene. La prueba es que se anunciaron a la vez ambos pactos, tras una reunión forzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en su despacho, con un café antes del último Consejo de Ministros, para Bolaños, Belarra, Díaz y Montero. 

El otro supuesto escollo para sacar adelante las cuentas públicas de 2022 era la inclusión del 15% de suelo mínimo en el impuesto de Sociedades para las grandes empresas. Ya estaba aceptada, pero los socialistas la querían retrasar por dos razonas. La primera, para llegar lo más cerca posible del acuerdo a nivel europeo y de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la OCDE, los próximos 30 y 31 de octubre, en Roma.

Y la segunda era que esta medida, también contemplada en el acuerdo de coalición, el PSOE se resistía a implantarla, "porque hay que respetar el mandato de la comisión de expertos", defendía hasta el lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "a la que encargamos que en febrero nos entregara sus conclusiones". Y eso que Nadia Calviño ya anunció hace casi tres semanas que esa "reforma fiscal limitada" le parecía "aceptable".

Las fuentes de los morados, en todo caso, van desgranando poco a poco algunos de los detalles de la nueva ley. Para los pequeños propietarios -uno de los aspectos que preocupaba mucho a los socialistas- "sí se congelan los precios". Desde el lado del PSOE se recuerda que la medida principal que "se les incentiva fiscalmente hasta con un 90% de exenciones, para que bajen la renta a sus inquilinos".

Otras medidas

Otro de los aspectos de los que presume Unidas Podemos es que la norma contempla un recargo del 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la vivienda vacía, que podrán aplicar los ayuntamientos.

Pero ésa es la clave. Si la declaración de zona de mercado tensionado depende de las CCAA, y las del PP ya han avisado de que no la pedirán, lo mismo pasa con los consistorios populares. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almedia, al contrario, anunció este martes que "la capital bajará el IBI el año que viene, a todos, y sin distinción".

Uno de los argumentos del PSOE para no aceptar la intervención del mercado de los alquileres era que esta iniciativa podría contraer la oferta de pisos, "y el problema en España está ahí, que hay pocas viviendas en alquiler": Por eso, otra de las medidas clave de la norma es que apuesta por el parque público de alquiler.

Por un lado, se reservará hasta el 30 % de todas las promociones para vivienda protegida (la mitad de las cuales irá destinada a alquiler social). Y por otro, el Plan de 
Vivienda contempla la introducción en el mercado de más de 100.000 pisos de promoción pública para el alquiler "a precios asequibles" en los próximos años.