La imposición de impuestos a los servicios digitales de forma unilateral por parte de los países, como se están planteando en España, perjudicaría al desarrollo del mercado digital de esa economía, impactaría de forma negativa en su competitividad y acabaría repercutiendo en los consumidores y las pequeñas empresas, según los expertos participantes en una mesa de 33 Encuentro de la Economía Digital y la Telecomunicaciones organizado por Ametic.

En concreto, el responsable de investigación de Civismo, Javier Santacruz, ha remarcado que el mercado digital en España es "bastante pequeño" por lo que todas las barreras que se le pongan, como este tipo de impuestos, "entorpecen el crecimiento de un mercado que es visiblemente esencial para la economía española" y que es en el que más crece la innovación.

Santacruz también ha coincidido en que decir que la grandes empresas pagan pocos impuestos "no se corresponde con la realidad" y ha agregado que el diseño de este impuesto de nueva creación supone una discriminación de unos servicios respecto a otros que es "bastante discutible". "El sistema fiscal deber ser siempre neutro, no fabriquemos un impuesto contra nadie y que sea un obstáculo, sino que se plantee un buen marco normativo y una buena regulación", ha agregado.

Además, ha destacado que tendrá un sobrecoste que pagarán los siguientes eslabones de la cadena y, por lo tanto, tendrá un impacto en el consumidor y en las pequeñas empresas, algo en lo que ha coincidido el director ejecutivo de la Global Digital Foundation, Paul MacDonnell, quien ha sostenido que el "problema" de los impuestos digitales es que acaban repercutiendo en los "consumidores de bajos ingresos" en mayor medida que en las grandes empresas, ya que éstas tienden a poder "evitar" este tipo de impuestos digitales y corporativos.

A su juicio, los consumidores y las pequeñas empresas "son susceptibles" de pagar los impuestos digitales "de una manera o de otra", puesto que para ellos es "muy importante" el uso de Internet, algo que, según ha lamentado, a menudo "olvidan" los legisladores.

Además, ha considerado que este impuesto puede ser "especialmente severo" e incluso una "amenaza a la libertad de expresión" para los consumidores y pequeñas empresa. Por ello, aunque ha reconocido que "existe un peligro" y una "amenaza" en la red, ha insistido en que los gobiernos "deben tener cuidado" de que no recaiga de forma "severa" en los consumidores.

Por ello, MacDonnell ha defendido que los impuestos sean "por beneficio" y "no corporativos" ya que esto se traduciría, en su opinión, en una "mayor inversión" en el sector. En este sentido, ha calificado el impuesto digital como un "impuesto a la innovación". "Es como si alguien inventara la electricidad y el Gobierno le pusiera el impuesto más elevado porque está perjudicando a otros sectores", ha ejemplificado.

Así, ha considerado que cuando se establece un impuesto a "algo innovador" y que "permite a la gente acceder a cosas que mejoran sus vidas", acaba por convertirse en "un lujo" y por "censurar" el acceso a determinados productos. "Al final lo que produce es un daño a la economía y a los más vulnerables", ha concluido.

IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD

El socio del área de Tecnología, Telecomunicaciones, Entretenimiento y Ocio de PwC, Álvaro Sánchez-Herrero, ha calificado de "evidente" que si un país adopta un impuesto como este de forma unilateral, algo que están preparando muchas más economías europeas aparte de España, hará que este sea menos competitivo que otro, por mucho que la tasa sea transitoria a la espera de un acuerdo global.

A este respecto, Santacruz ha remarcado que para fortalecer la posición de Europa en el juego internacional es necesario usar de forma prudente todo aquello que suponga trabas y ha incidido en la importancia de la certidumbre regulatoria para las inversiones empresariales. De hecho, ha destacado que en España existen una incertidumbre no solo ante este impuesto sino en torno a todos el sistema fiscal que "más tarde o más temprano habrá que reformar".

ACUERDO GLOBAL

La directora de Política Digital de Ametic, Amalia Pelegrín, ha reiterado que desde la patronal tecnológica han mantenido siempre que este impuesto no puede imponerse de manera unilateral por un país, sino que lo ideal es un acuerdo global en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Pelegrín ha remarcado que este es un espacio donde los gobiernos pueden "reunirse, intercambiar problemas y buscar soluciones que den seguridad jurídica" y ha recordado que la OCDE se ha dado de plazo 2020 para presentar una recomendación o propuesta en este sentido, por lo que Ametic "desaconseja soluciones unilaterales" como la presentada en la anterior legislatura, que no salió adelante al no aprobarse los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Asimismo, ha remarcado que si no fuera posible alcanzar una postura común a nivel global, la asociación aboga por una solución europea "de manera armonizada" para garantizar la seguridad jurídica y no poner a un país en desventaja respecto a otros y lograr un mercado único digital que coloque de nuevo a Europa en una posición de "liderazgo mundial".

Por su parte, Sánchez-Herrero ha remarcado que es "una machada" intentar que, tal y como se pretende, 130 países se pongan de acuerdo en fijar una nueva fiscalidad adecuada al entorno digital, pero ha incidido en la importancia de lograr una postura común global sobre cómo distribuir los beneficios obtenidos con estas actividades.

"Bastante tenemos con la guerra comercial para añadir una guerra tributaria", ha remarcado el socio de PwC, quien ha incidido en la necesidad de una solución impositiva aceptada por todos porque solo así será posible un comercio sostenible, que los que interesa a todas las partes implicadas.