Este martes, Pedro Sánchez situó a Radar COVID como uno de los pilares de la estrategia de España para contener los brotes de coronavirus, que en las últimas dos semanas se han disparado en todo el territorio. Por primera vez, el presidente de Gobierno ponía sobre mesa de manera pública a la app de rastreo como parte de las soluciones inmediatas para frenar la pandemia.
Esta mención -junto con los 2.000 rastreadores del Ejército y la posibilidad de las autonomía decreten estados de alarma selectivos- no es casual. El Gobierno de Sánchez y en especial desde el Ministerio de Asuntos Económicos están convencidos de que puede ser quizás la herramienta más importante para contener lo brotes de cara al comienzo del curso escolar.
De hecho, el principal objetivo del Gobierno es llegar a la vuelta al cole con todo el territorio usando Radar COVID, porque consideran que es la herramienta más eficaz que se puede poner a disposición de los españoles para complementar la labor de los rastreadores.
El Gobierno y todas las autonomías siguen insistiendo en que el comienzo del curso debe ser presencial y que los estudiantes deben asistir a las aulas. Y Radar COVID puede evitar que se masifiquen los contagios en el entorno de los estudiantes y en sus familias. Al rastrear los contactos y permitir comunicar positivos a quienes hayan estado cerca de un contagiado, es clave para aislar posibles brotes.
Frente a esto, la preocupación surge porque no todas las autonomías están avanzando en su integración todo lo rápido que se espera. El objetivo inicial del Gobierno era tenerla operativa en toda España el 15 de septiembre y con el aumento de los rebrotes tenían la esperanza de que todo estuviese a punto a comienzos del próximo mes.
Trabas burocráticas
Pero todavía hay autonomías que siguen sin comenzar su integración técnica y que no dan el paso administrativo y burocrático para incorporarse. En este sentido, el "tirón de orejas" de Sánchez del martes, pidiendo que todas las CCAA se incorporasen cuando antes, es un claro ejemplo de la preocupación del Ejecutivo.
Si todo se sigue retrasando en algunas autonomías, no todas llegarían a mediados de septiembre con la app operativa, como ya apuntó este diario. Retrasos y trabas burocráticas de las ocho comunidades restantes han hecho saltar nuevamente las alarmas en Moncloa, donde se esperaba tener todo funcionando como tarde entre esta semana y la próxima.
En el Gobierno insisten en que "faltan detalles" y que todavía hay algunas autonomías no dan ese empujón administrativo para que empiece la integración formal de sus sistemas sanitarios con la herramienta.
El pasado jueves las primeras autonomías en integrar sus sistemas sanitarios con Radar COVID fueron Andalucía, Cantabria, Aragón, Canarias, Extremadura y Castilla y León y este lunes se sumó Baleares.
Según publicó este periódico se estima que a más tardar a mediados de semana lo haga Cataluña y que Madrid se sume antes de final de mes. La entrada de estas dos últimas sería el primer gran paso que esperaba el Ministerio de Asuntos Económicos para dar el empujón definitivo a la app. Pero no todo el camino está recorrido.
Activación de la 'app'
Para usar Radar COVID, cada CCAA debe comunicarlo al Ministerio de Sanidad que, tras comprobar que todo esté en orden, pide a la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial (dependiente de Ministerio de Asuntos Económicos) que comience la integración técnica.
Este proceso es mucho más lento de lo que se estimó inicialmente en Economía, ya que se deben valorar una serie de procedimientos, alcances jurídicos, funcionamiento, relación entre comunidades, homologación de datos y privacidad. En estos momentos, hay algunas autonomías que no han completado este proceso, por lo que no pueden integrarse con Radar COVID.
Las fuentes consultadas indican además que cada comunidad deberá generar un protocolo propio dentro de sus sistemas sanitarios para enviar los códigos a los contagiados -que identifican anónimamente a los positivos y a sus contactos- y formar a los rastreadores para que puedan utilizar de mejor manera la información que reciben de la app.
Sánchez indicó el jueves que la app es el doble de eficaz en los rastreos de contactos que los rastreadores manuales y que con una penetración del 20% en la población se podrían reducir en un 30% los contagios. Está en lo cierto, aunque los expertos apuntan a que solo con más del 60% estaríamos hablando de una implantación exitosa.
Debates aparte, lo cierto es que se necesitarían un mínimo de diez millones de personas con la aplicación activa y -según los expertos- 28 millones, para obtener resultados satisfactorios. Y todo ello partiendo de la base de que debe estar operativa en todo el territorio y en todas las ciudades, barrios y provincias de España.
De momento, las descargas se acercan a las tres millones, pero solo está funcionando en autonomías que representan menos de la mitad e la población. Y todo ello a dos semanas del curso escolar.
Cómo funciona la aplicación
La aplicación utiliza la conexión Bluetooth del terminal, a través de la cual los móviles emiten y observan identificadores anónimos de otros teléfonos que cambian periódicamente. Cuando dos terminales han estado próximos durante quince minutos o más a dos metros o menos de distancia ambos guardan el identificador anónimo emitido por el otro.
Si algún usuario fuera diagnosticado positivo de la Covid-19 tras realizarse un test PCR, decidiría si dar su consentimiento para que, a través del sistema de salud, se pueda enviar una notificación anónima. De esta forma, los móviles que hubieran estado en contacto con el paciente recibirían un aviso sobre el riesgo de posible contagio y se facilitarían instrucciones sobre cómo proceder.
Al no solicitarse datos de ningún tipo, es imposible identificar o localizar de forma alguna a ningún usuario. Ningún usuario puede ser identificado o localizado porque no hay dato alguno registrado y porque todo el proceso se desarrolla en su teléfono sin salir hacia ningún servidor.
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