Justicia adjudica a Telefónica un proyecto que permitirá a 3.000 jueces dictar sentencias con voz e inteligencia artificial

Según han confirmado desde la operadora de telecomunicaciones a EL ESPAÑOL-Invertia, Telefónica será la encargada de dar acceso a este primer grupo de jueces a DigaLaw X, un nuevo motor de reconocimiento de voz y de dictado especializado en temas jurídicos, financieros, administrativos y de negocios en español.

Desarrollado por SpeechWare, una empresa española con sede en Bruselas (Bélgica), esta "pionera solución", basada en redes neuronales con inteligencia artificial, actúa de forma parecida a como lo haría un mecanógrafo, ofreciendo una "gran precisión" en la transcripción automática del dictado.

La implantación en los juzgados españoles de DigaLaw X, herramienta que ha sido impulsada y comercializada por Telefónica Empresas, se enmarca en la apuesta lanzada por el Gobierno en 2020 para impulsar la transformación digital de la administración de justicia.

El Programa Justicia 2030 para la Eficiencia digital tiene como objetivo buscar, desarrollar e implantar tecnologías y herramientas que favorezcan la digitalización y mejoren la gestión del servicio público. Una filosofía a la que se ajusta perfectamente este innovador sistema.

Características de DigaLaw X

Una de las principales características de DigaLaw X es que tiene la particularidad de que por primera vez la herramienta no necesita ser entrenada previamente con la voz de cada persona que la vaya a utilizar.

Pero el sistema no se limita solo a transcribir al dictado, sino que también controla el propio procesador de datos y otras aplicaciones abiertas como, por ejemplo, el correo electrónico, algo que resulta "muy útil" para dar formato al texto mientras se dicta.

Imagen de la entrada a la Audiencia Nacional.

En esta línea, la solución también reconoce automáticamente los vocablos jurídicos y técnicos, abreviaturas, etc., asegurando así la "máxima calidad" del documento resultante del proceso de dictado. 

DigaLaw X puede convertir cualquier documento propio en un formulario "activo con voz". Asimismo, permite grabar desde cualquier lugar y en otras lenguas, como pueden ser el vasco, catalán o inglés, lo que ayuda a agilizar el trabajo.

Prueba con 3.000 jueces

Gracias a este contrato que el Ministerio de Justicia ha adjudicado a Telefónica por concurso público, unos 3.000 jueces serán los primeros en probar esta solución. Según ha podido averiguar este periódico el importe de la adjudicación se sitúa entre los 400.000 y los 450.000 euros. 

Agustín Cárdenas, director de transformación digital en Telefónica España, destaca que la crisis de la Covid-19 ha permitido acelerar proyectos de innovación tecnológica que estaban en sus primeras fases de desarrollo y que cumplen con el propósito de la compañía de poner la tecnología al servicio de las necesidades de las personas.

En el caso concreto de DigaLaw X, Cárdenas subraya que, gracias a soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial y a la conectividad, los jueces de todo el país podrán acelerar sus instrucciones y dictámenes, "lo que agilizará los procedimientos y causas, y beneficiará a la sociedad".

Jesús María Boccio, responsable de DigaLaw X, asegura que la IA, el reconocimiento vocal, la traducción automática y la transcripción de grabaciones y videos son tecnologías suficientemente maduras para la digitalización de la Justicia. "Gracias a la 'paridad humana' en la transcripción, el uso de estas avanzadas tecnologías es increíblemente adictivo y va a revolucionar la administración de Justicia en muy poco tiempo", afirma.

Justicia 2030

El punto de partida de Justicia 2030 fue un proceso de consultas que, durante los meses de febrero y marzo de 2020, se hicieron a diferentes sectores. Un primer diagnóstico que se mejoró en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con la valoración del impacto de las medidas de emergencia que se han puesto en marcha para responder a la pandemia.

Así, el Ministerio remarca en su argumentario sobre este plan que la crisis de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar las relaciones a distancia con la ciudadanía y los operadores jurídicos para prestarles servicios de calidad con plena seguridad jurídica digital. 

El objetivo no es sólo minimizar las concentraciones de personas en espacios cerrados, sino también evitar desplazamientos y los consiguientes costes asociados como pueden ser los medioambientales, los económicos y el tiempo empleado.

También mejorar las condiciones de trabajo del personal, desarrollando sistemas ágiles que permitan la tramitación eficaz y eficiente de los asuntos, empleando herramientas de alta productividad (expedientes electrónicos, automatización, etc.) y haciendo posible el trabajo a distancia.