La compañía de telecomunicaciones firmó este miércoles 3 de enero los acuerdos con los sindicatos tanto para el ERE en sus tres principales filiales en España (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) como para el III Convenio de Empresas Vinculadas (CEV).

Y tras la firma ofreció datos preliminares sobre el impacto económico que tendrá el despido colectivo para la compañía. En concreto, Telefónica prevé que el coste del ERE sea de alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) y que genere, de media, unos ahorros anuales de gastos directos de unos 285 millones de euros a partir de 2025.

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No obstante, la provisión definitiva que tendrá que hacer la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete para cubrir los gastos derivados del despido colectivo no se conocerá hasta dentro de unas semanas, cuando se confirmó el número de bajas totales. 

Aunque la adhesión al ERE es inicialmente voluntaria, la empresa agrega que se han establecido objetivos que pueden dar lugar a "límites de adhesión en áreas críticas o desvinculaciones adicionales en áreas con mayor excedente funcional en base a razones de negocio". Es decir, que podría haber vetos o salidas forzosas. 

Un semáforo en rojo frente a la sede de Telefónica en Madrid. Eduardo Parra Europa Press

El periodo de adscripción comenzará la próxima semana, en concreto el 9 de enero, y estará abierto hasta el 8 de febrero. La contestación de la empresa a las peticiones realizadas se producirá el 14 de febrero y las salidas tendrán lugar en su gran mayoría el 29 de febrero, aunque el proceso estará abierto hasta el 31 de marzo de 2025.

Al despido colectivo podrán adherirse los trabajadores que cumplan 56 años o más durante 2024 y que tengan una antigüedad superior a 15 años. Las rentas que percibirán se dividen en distintos tramos en función del año de nacimiento del trabajador, pero alcanzarán hasta el 68% del salario regulado. 

Planes anteriores

Las condiciones para el despido colectivo acordadas entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores en la mesa de negociación son similares a las que se ofrecieron en el Plan de Suspensión Individual (PSI) pactado en 2021 y ejecutado a principios del año 2022. 

Sin embargo, el coste por empleado de dicho PSI fue bastante superior al del despido colectivo que se llevará a cabo en las próximas semanas, ya que se acercó a los 600.000 euros. En concreto, la empresa provisionó cerca de 1.400 millones de euros para cubrir 2.316 bajas voluntarias.

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En esta misma línea, los costes por empleado de los PSI acordados en 2015 y 2019 también se situaron alrededor de los 600.000 euros. En el primero de ellos, ejecutado entre 2016 y 2018, se provisionaron unos 3.800 millones de euros para cubrir 6.300 salidas, mientras que el segundo tuvo un coste de 1.382 millones y se cerró con 2.316 bajas.

En cambio, en el último ERE realizado por Telefónica hasta la fecha, que concluyó en 2013, el coste por empleado también se situó en torno a los 380.000 euros. En ese proceso de despido colectivo dejaron la plantilla de la operadora en España 6.830 empleados, lo que generó un coste a la compañía de unos 2.600 millones de euros. 

ERE vs. PSI

El motivo de que el coste por empleado sea tan dispar es que, a nivel administrativo, un ERE y PSI son procesos diferentes y, por tanto, difícilmente comparables. Y es que aunque compartan características, como es el caso de las rentas que percibirán los afectados hasta su jubilación, las provisiones que requieren son distintas.

Telefónica sorprendió el pasado mes de noviembre al trasladar a los sindicatos su intención de llevar a cabo un ERE para hacer frente al excedente de plantilla que había detectado en sus tres principales unidades jurídicas en nuestro país. Semanas antes ya se había especulado con un ajuste de plantilla, pero se había dado por hecho que sería mediante un plan de suspensión individual.

Sede de Telefónica en Madrid.

Un PSI consiste en un plan de salidas voluntarias similar a las prejubilaciones, ya que está dirigido a trabajadores que superen una cierta edad y que lleven un tiempo mínimo trabajando en la compañía. En este caso, la empresa sigue pagando una parte del salario al empleado hasta su jubilación.

La relación del trabajador con la empresa se 'suspende', pero se conserva el vínculo contractual y se puede dar incluso la reincorporación del empleado a su puesto. Un PSI siempre es voluntario y los trabajadores siguen pagando IRPF por las rentas percibidas.

En el caso del ERE, las salidas sí pueden ser forzosas, opción que se ha dejado abierta en el nuevo despido colectivo pactado en Telefónica esta semana, pero fiscalmente un Expediente de Regulación del Empleo más beneficioso para el trabajador.

Sin embargo, ni un ERE ni un PSI de Telefónica tendrían coste para las arcas públicas. En el caso del despido colectivo, Telefónica tendrá que asumir los costes sociales que genere al Estado dadas las características del mismo, mientras que en el del plan de suspensión individual es la propia operadora la que asume todo el coste.