El Gobierno de Macron respalda a las 'telecos' y pide explorar vías para obligar a las 'Big Tech' a financiar las redes

En concreto, el Gobierno de Emmanuel Macron ha pedido a los reguladores europeos que "exploren vías" para obligar a las grandes plataformas que más tráfico de Internet generan, como Google, Amazon, Netflix o Meta, a entablar negociaciones con las compañías de telecomunicaciones para compartir los costes de las infraestructuras.

La propuesta del Ejecutivo francés forma parte de las respuestas de los distintos gobiernos de la Unión Europea (UE) a las conclusiones políticas sobre el futuro y las necesidades de las infraestructuras digitales en el Viejo Continente, un documento al que ha tenido acceso el medio especializado en asuntos regulatorios MLex. 

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El país galo suscribe así las recomendaciones realizadas por Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo (BCE), en su informe sobre la competitividad de la UE. En este análisis, el también ex primer ministro de Italia se mostraba a favor de "un reparto de las inversiones" entre los dueños de las redes y las grandes plataformas online que utilizan dichas infraestructuras pero no contribuyen a financiarlas. 

En concreto, el Gobierno francés celebra que el informe Draghi fomente la definición de "acuerdos contractuales comerciales" entre los operadores de telecomunicaciones propietarios de la infraestructura y las Big Tech que la utilizan y pide a la CE que "explore vías para aplicar dicho marco".

Presupuesto

Sin embargo, el debate sobre una contribución justa de los gigantes tecnológicos a la financiación de las redes, conocido como fair share, en Francia no se limita únicamente a la participación del país en las consultas europeas al respecto. También se ha colado en la negociación de los presupuestos del Gobierno francés para 2025, presentados hace una semana. 

Jean-Philippe Tanguy, diputado del partido Agrupación Nacional que dirige Marine Le Pen, ha presentado una enmienda a la Ley de Finanzas en la que solicita crear un impuesto especial sobre la banda ancha para obligar a las grandes plataformas que acaparan la mayor parte del tráfico que circula por las redes francesas a financiar su mantenimiento. 

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En concreto, Tanguy propone que aquellas empresas que más ancho de banda consumen, a la que califica de "gorronas", paguen 12.000 euros por cada gigabit por segundo de uso medio anual. Un impuesto que calcula podría suponer unos ingresos para las arcas públicas francesas de 550 millones de euros al año.

En su enmienda, el diputado detalla, por ejemplo, que Netflix, que representa el 15% del tráfico que circula por las redes de telecomunicaciones del país galo, debería pagar unos 84 millones de euros al año. En el caso de Google, la factura ascendería a alrededor de 55 millones anuales. 

Ley de redes digitales

El debate sobre el fair share lleva años enfrentando a operadoras y grandes tecnológicas, pero en los últimos tiempos ha vuelto a ganar protagonismo coincidiendo con la decisión de Bruselas de revisar la legislación en torno a las infraestructuras de telecomunicaciones para a adaptarla a la realidad del mercado. 

Las 'telecos' encontraron en la pasada comisión un importante apoyo del comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, quien no repetirá en la nueva de Ursula Von der Leyen tras una polémica salida. Pero sí ha dejado un encargo a su sucesor, la elaboración de una Ley de Redes Digitales. 

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La duda está en cómo enfocará la nueva legislación el polémico asunto del fair share, ya que existen diferencias de opinión entre los distintos gobiernos de la UE. Por ejemplo, el Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni se ha mostrado en contra de obligar a las Big Tech a financiar las redes, mientras que el Gobierno español sí se ha mostrado a favor de las reclamaciones de las telecos. 

En este contexto, MLex destaca que Francia quiere que las grandes plataformas estén obligadas a negociar con las empresas de telecomunicaciones pero sin que para ello se revise el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. En su opinión, estas negociaciones deben darse a nivel comercial entre las dos partes, pero creando un mecanismo obligatorio de resolución de conflictos si no las empresas no llegan a un acuerdo.