Internet Satélite de Eurona en el chozo de los pastores trashumantes ubicado en el puerto de montaña de Piedrahita y Pando, en Vidrieros (Palencia)
El Gobierno se plantea dejar de obligar a Telefónica a prestar el servicio universal a partir de 2025 gracias al satélite
- El Ministerio para la Transformación Digital cree que todos los españoles tienen acceso a Internet con las condiciones adecuadas de precio y calidad.
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El Gobierno se está planteado la posibilidad de que Telefónica (o cualquier otra operadora) no se vea obligada a tener que seguir prestando el servicio universal de telecomunicaciones a partir de 2025. El motivo es que, gracias principalmente al satélite, cualquier español puede contar actualmente con un servicio privado de banda ancha fija en las condiciones económicas y de calidad que exige la ley.
El servicio universal está compuesto un conjunto de servicios cuya prestación está garantizada por la Ley General de Telecomunicaciones de 2022 para todos los consumidores, con independencia de su localización geográfica y "en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible".
Para poder cumplir con este derecho que tiene cualquier ciudadano, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública puede designar a uno o más operadores, que serán los encargados de satisfacer "todas las solicitudes razonables" de acceso al servicio universal y garantizar su prestación eficiente en cualquier parte del territorio nacional.
Ahora, cuando está a punto de finalizar la prestación del servicio universal encargada a Telefónica en febrero de 2023, el Ministerio dirigido por Óscar López ha decidido iniciar una consulta pública sobre el mismo para recabar la opinión de todas los partes implicadas antes de decidir cuáles deben ser los próximos pasos a seguir.
Y a tenor de las cuatro preguntas planteadas por el Gobierno en esta consulta, todo apunta a que existe una alta probabilidad de que se acabe determinando el cese de la prestación del servicio universal de telecomunicaciones como obligación de servicio público a partir de 2025.
Servicio universal.
Según la Ley General de Telecomunicaciones, el servicio universal consiste en un acceso adecuado y disponible a una internet de banda ancha a través de una conexión subyacente en una ubicación fija. La velocidad mínima está fijada en 10 Mbit por segundo en sentido descendente.
Además, dicha conexión deberá soportar un conjunto mínimo de servicios, entre los que se incluyen correo electrónico, motores de búsqueda como Google, herramientas básicas de formación y educación en línea y prensa o noticias online.
También la adquisición o encargo de bienes o servicios en línea, la búsqueda de empleo, el establecimiento de redes profesionales, la banca por internet, el uso de servicios de administración electrónica, las redes sociales y la mensajería instantánea y las llamadas telefónicas y videollamadas.
En el texto de la consulta, el Ministerio recuerda que podrá dictar dicho cese si constata que cualquiera de las prestaciones incluidas en el concepto de servicio universal se está prestando ya en competencia y en condiciones de precio, cobertura y calidad similares a las que deben ofrecer los operadores elegidos.
A este respecto, incide en que la designación de uno o varios operadores "no es una obligación impuesta por el ordenamiento jurídico", sino una posibilidad dirigida a garantizar que los españoles pueden acceder a servicios de comunicaciones electrónicas "de adecuada calidad en todo el territorio nacional a través de una competencia y una libertad de elección reales".
Satélite
En este contexto, el Gobierno recuerda que ha diseñado y ejecutado múltiples programas de impulso de despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta capacidad, tanto fijas como móviles. Un esfuerzo que, junto con el "compromiso inversor demostrado por los operadores" ha permitido que España disfrute de una de las redes "más modernas y extensas" que existen en Europa y a nivel internacional.
De todos estos programas, el Ministerio resalta especialmente ÚNICO Demanda Rural. Este plan, conocido comercialmente como Conéctate 35, permite ofrecer al usuario final un servicio de conexión de banda ancha a una velocidad de transmisión de 200 Mbps (el doble de lo exigido por ley) desde una ubicación fija gracias a la conectividad vía satélite. Su precio, 35 euros al mes.
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Este programa está diseñado para residentes en zonas rurales remotas, dispersas y de baja densidad de población en las que no exista actualmente cobertura a una velocidad mínima de 50 Mbit. Además, cubre todos los gastos relacionados con el alta del servicio para el consumidor: la adquisición del equipamiento, su instalación y su puesta en funcionamiento.
"Con este programa se garantiza la ubicuidad en toda la geografía española de los servicios incluidos en el concepto de servicio universal de telecomunicaciones, de manera que los mismos serán prestados a todos los ciudadanos en España con independencia de su localización geográfica", asegura el Ministerio.
En consecuencia, el Gobierno cree que, gracias a UNICO Demanda Rural, otros programas de ayudas públicas y los servicios sobre tecnología terrestre, inalámbrica y satelital que ofrecen los operadores privados, se podría llegar a la conclusión de que "el servicio universal de telecomunicaciones están siendo objeto de prestación en unas adecuadas condiciones de cobertura, calidad, asequibilidad y accesibilidad".
