El rescate de 53 millones de euros que el Gobierno aprobó a Plus Ultra sigue siendo objeto de polémica. El jefe de la delegación de Ciudadanos en Bruselas, Luis Garicano, considera que la ayuda estatal tiene una serie de irregularidades, entre ellas, un préstamo simulado por valor de 6,3 millones de euros que recibió la empresa en 2017. 

Garicano ha defendido que se trata de una ayuda ilegal otorgada a Plus Ultra, porque fue posible gracias a un simulado préstamo participativo desde una sociedad panameña. Se evitó así la consideración de empresa en crisis y, por tanto, recibió posteriormente el rescate que ha calificado de “desproporcionado”. 

Así, según ha explicado el asesor financiero de Plus Ultra, DC Advisory, ha constatado que las pérdidas acumuladas a diciembre de 2019 ascendían a 13.427.000 euros y el capital social suscrito a 19.268.000 euros. Por lo tanto, las pérdidas acumuladas dejarían un patrimonio neto de 5.841.000 euros, que refleja que habría desaparecido más de la mitad del capital social suscrito. 

No obstante, ese asesor financiero (y solo ese) ha considerado que un préstamo participativo de la empresa panameña Panacorp por valor de 6.304.000 euros debía asimilarse a capital y sumarse al patrimonio neto. Con los cálculos de este asesor financiero, el patrimonio neto era de 12.145.000 euros, por lo que superaba el umbral de empresa en crisis que marca la mitad del capital social suscrito, 9.634.000 euros y evitaba la disolución. El cálculo, según el eurodiputado, es incorrecto. 

En primer lugar, porque se usa un truco contable para asimilar el crédito participativo al capital. Fuera de los casos de reducción de capital y liquidación de sociedades, los préstamos participativos no deben computar como patrimonio neto de la empresa.

Además, en segundo lugar, Garicano ha explicado que el préstamo participativo de 6.304.000 euros de Panacorp era simulado, porque 4.046.000 euros están bloqueados en Panamá. Por lo tanto, en el caso de que fuese necesario disponer de ese dinero para pagar a otros acreedores de la compañía, sería misión imposible para un juez español embargarlos, ya que están en una cuenta bloqueada en un paraíso fiscal.

Crecen las sospechas

Entre las alegaciones, también considera que “no solo se eliminan las sospechas, sino que se profundizan. Los datos del Gobierno muestran que la empresa no es estratégica ni sistémica y el préstamo para demostrar que no están en crisis es simulado”, denuncia el eurodiputado.

Además, considera que la aerolínea ha recibido tres veces más dinero de lo permitido. Es decir, por su situación, según Garicano, debería haber recibido 16 millones de euros de rescate en lugar de 53 millones. 

El eurodiputado presentó una denuncia el pasado 6 de abril en la que afirmaba que se habían incumplido los requisitos exigidos por la normativa europea en la concesión de una ayuda de Estado a la aerolínea Plus Ultra. El 27 de abril, el Gobierno envió su respuesta y el 20 de mayo Ciudadanos presentó sus alegaciones.

“El nivel de gravedad es tal que estas maniobras contables es que para mí motiva la exigencia de que los ministros y el presidente del Gobierno den explicaciones claras”, ha reclamado el eurodiputado.

La trama venezolana

Garicano ha advertido de que existe un riesgo alto de que los 53 millones no se devuelvan y parte de ellos desaparezca en una cuenta en Panamá. Por eso, ha pedido al Gobierno que “evite que los propietarios de la empresa utilicen el rescate para pagar las deudas que tienen con empresas que ellos mismos controlan: si el préstamo de Panacorp se podía considerar como capital, entonces no debe ser pagado hasta que se haya devuelto el último euro a los contribuyentes españoles”. 

El dirigente de Ciudadanos hace hincapié en sus alegaciones en que el deber de diligencia del Gobierno en este caso era aún mayor porque el accionariado de la empresa beneficiaria ha estado supuestamente vinculado a tramas de corrupción y blanqueo de capitales, y la procedencia del préstamo es opaca.

Garicano recuerda que la SEPI, sin embargo, no ha realizado ningún análisis al respecto. Una de las figuras clave en todo este entramado es Rodolfo Reyes, que controla el 56,8% de Plus Ultra (Snip Aviation S.L), quien ha sido investigado penalmente por una trama de corrupción de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela.

Otros dos accionistas de la empresa, Flavio Pedro Antonio Bórquez Tarff y Héctor Antonio Tobías Reyes, están siendo presuntamente investigados por Estados Unidos por blanqueo de capitales. 

En cuanto a Panacorp, su tesorero es Mohamed Ibrahim, sobrino de Camilo Ibrahim, relacionado con esa misma trama de los CLAP. Estas y otras personas participan juntas en otras empresas. Garicano concluye que: “la existencia de esta trama de empresas, incluidas algunas de ellas en paraísos fiscales, y personas bajo investigación, es muy preocupante e intensifica el deber de diligencia de las autoridades españolas a la hora de examinar los requisitos de la ayuda, incluido el préstamo participativo de Panacorp al que, recordemos, fían todo su análisis de que la beneficiaria no estaba en crisis”.