Si echamos la vista atrás, en agosto de 2020, con una situación límite tras no conseguir un crédito ICO, la aerolínea diseñó un plan para solicitar la ayuda. Proceso que inició formalmente el 1 de septiembre de 2020, cuando pidió un rescate de 50 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), desglosados en un préstamo participativo y un préstamo ordinario. Estamos hablando de una ayuda pública inferior a la que finalmente se aprobó. 

"La solicitud incluyó un plan de viabilidad e información financiera, así como declaraciones responsables y certificados para justificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para acceder al apoyo temporal con cargo al Fondo", según el acuerdo de apoyo financiero entre la SEPI y la aerolínea, al que ha tenido acceso Invertia.

En este proceso, la SEPI realizó en varias ocasiones requerimientos de subsanación e información adicional y aclaraciones dándole a la solicitante la posibilidad de completar y mejorar la solicitud inicial en varias ocasiones (19 de octubre y 23 de noviembre). 

El 2 de diciembre de 2020, Plus Ultra presentó dicha subsanación. Entonces fue cuando solicitó un rescate de 53 millones de euros, desglosados en un préstamo participativo de 26 millones de euros y un préstamo ordinario de 27 millones de euros, procediendo así a actualizar la cuantía solicitada inicialmente.

Solo unos días después, concretamente el 11 de diciembre, Plus Ultra realizó una corrección procediendo a actualizar la solicitud de apoyo público temporal modificando las cantidades de los instrumentos financieros. La ayuda de 53 millones se desglosaba ahora en un préstamo participativo de 41 millones de euros y un préstamo ordinario de 12 millones.

Algo que volvió a modificar el 23 de febrero. El rescate se dividiría esta vez y de forma ya definitiva en un préstamo participativo por importe de 34 millones y uno ordinario por 19 millones.

Informes solicitados

Entremedias de este proceso, la SEPI adjudicó el 16 de diciembre el contrato de asesor jurídico a Deloitte y de asesor financiero a Daiwa Corporate Advisory para analizar la solicitud de Plus Ultra. A estos se sumaron los informes de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y el informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). 

Todos estos informes constituyeron para SEPI elementos suficientes para la instrucción de la solicitud, valorar la misma y someter la presente propuesta al Consejo Gestor para darle una ayuda pública de 53 millones a devolver en un plazo de siete años. Además de asegurarse que la compañía cumplía con los requisitos para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

En esas mismas fechas, la SEPI requirió más información a la aerolínea. Así el 22 de diciembre de 2020, Plus Ultra remitió formalmente información adicional y aclaraciones en relación con el plan de viabilidad, la situación del ERTE de su plantilla (354 empleados), los estados financieros y el préstamo participativo de Panacorp (el mismo que le sirvió en 2017 para sortear la quiebra y que Ciudadanos asegura que es "simulado"). 

Finalmente, y como todos sabemos, el rescate pasó el filtro de la SEPI y llegó al Consejo de Ministros en marzo, donde se dio luz verde. Y a partir de aquí arrancó un proceso en el que se ha puesto en cuestión la ayuda pública por la dudosa viabilidad de la aerolínea.

De hecho, Plus Ultra aún tiene que justificar ante un juzgado de Madrid que necesita dicho rescate para sobrevivir. El pasado jueves, una jueza paralizó de forma cautelar la entrega de los 34 millones de euros pertenecientes al préstamo participativo. No obstante, ha recibido una buena noticia: el Tribunal de Cuentas decidió ayer archivar la investigación iniciada por una denuncia de Ciudadanos.