Bruselas vuelve a la carga en el caso de las subvenciones públicas a los operadores españoles de televisión digital terrestre (TDT). Unas ayudas cuyo importe total el Ejecutivo comunitario cifró en 260 millones de euros y que se concedieron entre 2005 y 2008 para la ampliación de la red en zonas remotas de España. La Comisión Europea considera que son ilegales porque no respetan el principio de neutralidad tecnológica y exige a los beneficiarios que las devuelvan.

Los principales perceptores de estos fondos fueron Abertis (actualmente Cellnex) y otros operadores regionales más pequeños. El Ejecutivo comunitario ya exigió a España que recuperara el dinero en 2013. Pero el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) anuló esta decisión en 2017 por considerar que Bruselas no había justificado debidamente por qué considera que las subvenciones a la TDT son "ayudas selectivas" prohibidas por el Tratado.

La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, no se resigna y ha decidido reactivar el expediente. Tras una nueva y detallada investigación, el Ejecutivo comunitario ha reafirmado que las medidas adoptadas por España entre 2005 y 2008 para facilitar la transición de la televisión analógica a la digital constituyen una ayuda estatal incompatible.

En particular, Bruselas argumenta que las medidas no eran neutrales desde el punto de vista tecnológico, ya que partían de la televisión digital terrestre (TDT) como única tecnología para la conversión digital subvencionada. Otras tecnologías alternativas, como el satélite, quedaron excluidas. Las ayudas eran selectivas porque solo beneficiaban a los operadores de TDT, aunque esta última tecnología y la de satélite se encontraban en una situación comparable de hecho y de derecho, dice la Comisión.

Las ayudas en cuestión se concedieron en Cataluña (52 millones de euros), Castilla y León (44 millones), Galicia (17 millones), Asturias (14 millones), País Vasco (10 millones), Aragón (9 millones) y Navarra (7 millones), según los datos suministrados por Bruselas.

La Comisión ha explicado que ahora corresponde a España determinar el importe que debe recuperarse de cada beneficiario individual, de conformidad con la metodología establecida en la decisión de este jueves. "De ahí que, a fecha de hoy, se desconozca el número definitivo de empresas afectadas y el importe total de las ayudas por recuperar", ha dicho en un comunicado. 

En el caso de Castilla-La Mancha, existe un expediente separado en el que el TJUE sí ha dado la razón a Vestager y avala la recuperación de 46 millones de euros. Una recuperación que está en curso, según Bruselas. 

El plan de subvenciones se desplegó entre los años 2005 y 2009, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su objetivo era facilitar la transición de la televisión analógica a la digital en las zonas remotas de España, que abarcan a alrededor del 2,5% de la población. Las subvenciones nunca fueron comunicadas al Ejecutivo comunitario. La Comisión empezó a investigar a raíz de una queja del operador de satélites Astra.