Tornero asume el acuerdo del PSOE y ERC para coproducir contenidos en catalán con TV3
El presidente de la corporación ha mantenido contactos con el portavoz de los socialistas en el Congreso, Héctor Gómez
30 octubre, 2021 05:30Noticias relacionadas
TVE y TV3 coproducirán contenidos en catalán cuando entre en vigor la nueva Ley Audiovisual que prepara el Gobierno. Así figura en el acuerdo que PSOE y ERC han firmado para que el grupo catalán no enmiende la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2022. Se trata de un punto polémico, pero que ha sido bendecido por el presidente de la corporación RTVE, José Manuel Pérez Tornero.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha mantenido contactos con Pérez Tornero para lograr su beneplácito. De este modo, los socialistas logran que ERC no enmiende los Presupuestos y se garantiza su apoyo de cara a los trámites parlamentarios que arrancan la próxima semana.
Gómez ha logrado vencer las resistencias del presidente de RTVE gracias a que la nueva Ley Audiovisual reservará una partida presupuestaria específica para financiar esa coproducción en catalán. Así figura en la documentación remitida por ERC, en donde se indica que "RTVE, en coproducción con TV3, será motor de producción audiovisual y se reservarán fondos para que así sea".
Presupuesto
Con esa reserva presupuestaria, Pérez Tornero logra también reducir el déficit presupuestario que tendrá el año que viene. Los Presupuestos de 2022 plantean una reducción de 85 millones de euros en el presupuesto de la Corporación Pública.
El acuerdo con RTVE no es el único que se recoge en el marco de la nueva Ley Audiovisual, que se ha convertido en el gran campo de batalla de ERC de cara a las cuentas del año que viene.
En esa norma tendrá que haber "nuevos sistemas de financiación" para las televisiones autonómicas con lengua propia; y tendrá que "potenciar y fomentar la producción audiovisual, protegiendo las lenguas cooficiales contribuyendo a su difusión".
Este último punto conllevará también "buscar las mejores fórmulas para garantizar un porcentaje de producción, doblaje y subtitulación en lenguas cooficiales que requerirá la conformidad de ERC para aprobar la Ley", según reza el acuerdo firmado con el Partido Socialista.
Netflix
Se trata de un documento de mínimos que compromete, además, a todas las producciones audiovisuales. Es decir, tanto las que se hagan por parte de productoras cinematográficas como televisivas o las realizadas por las plataformas como Netflix, HBO o Amazon Video. Sin embargo, desde el Partido Socialista consideran que es suficiente como para no obligar a las OTT (Over The Top) a tener un catálogo específico filmado en catalán u otras lenguas del Estado.
Esto último era una de las grandes exigencias de ERC, que pretendía blindar el catalán en esas plataformas. Sin embargo, para el PSOE era una línea roja pues podía suponer un freno en el desarrollo de España como 'hub' audiovisual, uno de los grandes proyectos de Pedro Sánchez dentro de los fondos Next Generation de la UE.
Las fuentes socialistas que ha consultado EL ESPAÑOL-Invertia explican que existía cierto temor a que una exigencia muy potente a Netflix, HBO o Amazon Video pudiera dar al traste con los contactos que se vienen manteniendo en los últimos meses con inversores internacionales y grandes majors.
Ahora bien, algunas de esas grandes compañías ya se han puesto las pilas. Es el caso de Netflix, que ha anunciado su primer proyecto íntegramente en catalán de la mano de la productora Minoría Absoluta.
Ley Audiovisual
Lo que está por ver ahora son las consecuencias que este pacto tendrá en el desarrollo de la Ley Audiovisual. Se trata de un texto en el que el Gobierno tiene que transponer las disposiciones de la directiva de la UE sobre servicios de comunicación audiovisual. El plazo para hacerlo vencía el 19 de septiembre de 2020, pero España sigue sin cumplir.
En noviembre del año pasado el Ejecutivo comunitario envió un primer aviso de infracción. Si la Ley Audiovisual no está aprobada a finales de este mes, España podría enfrentarse a una denuncia por parte de Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Las previsiones del Gobierno pasaban por enviarla al Congreso a finales de octubre o primeros de noviembre. Ahora se abre una nueva negociación "muy complicada y, por ahora, sólo con ideas maestras sin desarrollar". Tanto que no está claro si esos plazos serán viables.