Grandes grupos de TV temen ser los únicos afectados por el pacto PSOE - ERC para blindar el catalán en las series online

Los grandes grupos de televisión en España temen ser los principales perdedores del acuerdo entre el PSOE y ERC para blindar el catalán en las series 'online'. Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia creen que aunque el objetivo inicial del pacto es forzar a Netflix, Amazon Prime, HBO o Disney+ a producir en lenguas cooficiales, en realidad sólo acabará obligando a los grupos españoles.  

El objetivo es que las grandes plataformas 'over the top' (OTT) tengan en su catálogo un 6% de producción en catalán, gallego y euskera. Un porcentaje que se sumaría al 9% que tendrán que tener en producción española y al 15% de europea. Unas cuotas que se incorporarán en la Ley General Audiovisual que llegará al Consejo de Ministros en las próximas semanas. 

Sin embargo, las plataformas españolas como Filmin, Flixolé, Movistar+, Vodafone TV, OrangeTV, Atresplayer o MiTele dudan de que esas cuotas se vayan a cumplir por parte de los operadores extranjeros. ¿El motivo? La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual recoge una transposición de la directiva de servicios audiovisuales de la UE, y en ella sólo se recoge la obligatoriedad de que los operadores produzcan un 30% de cine europeo. 

Oposición de Netflix

Ante esa situación el sector audiovisual español sospecha que Netflix, Amazon Prime o Disney+ recurrirán a la justicia bajo dos argumentos: el primero, que no tienen por qué producir aquello que no se recoja en la directiva europea. Es decir, el 30% de producción europea. 

El segundo, el hecho de que un país no puede forzar a una empresa extranjera a invertir en producción nacional. Se ampararían en el criterio del país de origen. Por tanto, Netflix diría que es una empresa holandesa, Amazon Prime que está en Luxemburgo y así sucesivamente. 

Esa reclamación ante la Justicia europea tardaría varios años en solventarse, por lo que las grandes corporaciones de televisión en España sospechan que las plataformas extranjeras pedirían la suspensión cautelar de la Ley. Mientras tanto, las OTT españolas sí tendrían que operar bajo los nuevos criterios, lo que les haría invertir dinero en un producto que no consideran rentable pues tendría una escasa audiencia. 

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia insisten en que de confirmarse en el texto de la norma estas cuotas, el Gobierno estaría poniendo en desigualdad a la industria española. Un revés a un sector por el que, se supone, se busca apostar para la creación del gran 'hub audiovisual' apoyado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. 

Desde el Ejecutivo insisten en la necesidad de esperar a la redacción final del texto en la nueva Ley General Audiovisual. Una norma que debería estar aprobada desde septiembre de 2020, pero que se ha ido retrasando. Tanto es así que la Comisión Europea lanzaba el pasado mes de septiembre un ultimátum para su aprobación si no quería acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).