Concretamente, ha sido Foro Regulación Inteligente, una iniciativa liderada por el analista económico Diego Sánchez de la Cruz, la entidad que ha presentado un informe en el que se determina que, de aprobarse esta ley, la inversión publicitaria se reducirá en 78 millones de euros anuales y los medios de comunicación sufrirán una pérdida de 44 millones al año.

Según los cálculos realizados en el estudio, en ausencia de la Ley General de Comunicación Audiovisual, para 2022 se estimaría una inversión de 300 millones de euros. Sin embargo, si se tienen en cuenta las limitaciones horarias en los anuncios de bebida o juego, las previsiones no son tan positivas y plasman una caída hasta los 222 millones.

En este sentido, si se produjese una distribución ponderada de los efectos sobre los diferentes medios afectados, de acuerdo con la distribución de la inversión, el sector más dañado sería el de los medios digitales (45%), que perderían 34 millones de euros anuales. 

Asimismo, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, los periódicos digitales perderán 12,4 millones al año en ingresos publicitarios si no se modifica el documento. Y, a pesar de que se trata de una cifra significativa, es aún más preocupante el dato de la televisión (34%), que dejará en el camino 26 millones de euros si el Congreso da el 'ok' al polémico texto. En el caso de la radio, el impacto es de 6 millones (8%). 

Golpe a la independencia 

A nivel económico, las consecuencias ya son temidas por los medios de comunicación. Sin embargo, Sánchez de la Cruz recuerda, en conversación con este periódico, que también está en peligro la libertad informativa.

“Cuanto más restrinjan la publicidad privada, no solo más difícil lo tienen los medios de comunicación para funcionar, sino que también más dependientes son de la publicidad institucional de los gobiernos”, explica.

“En el fondo esto no solo afecta a la sostenibilidad financiera de los medios, sino que también afecta en gran medida a su independencia. Tendrán menos recursos y serán más dependientes de las campañas de publicidad institucional”.

Para el analista, esta normativa estaría poniendo de manifiesto una vez más la necesidad de que las políticas públicas incorporen “evaluaciones de impacto que amortigüen los efectos negativos a nivel económico”.

Destrucción de 3.000 puestos de trabajo

Por último, estas restricciones también afectarán al empleo que genera el sector de la publicidad que, según el Observatorio de la Publicidad, ocupa a 98.600 personas. Esta normativa podría provocar la destrucción directa de 3.000 puestos de trabajo en el sector a corto plazo y 20.000 a medio plazo en términos directos e indirectos.