El Gobierno no legislará sobre interinos a la espera de una sentencia definitiva del TJUE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que no se podía discriminar a los trabajadores temporales respecto a los indefinidos en las indemnizaciones por fin de contrato. Tras el fallo, varios tribunales han remitido al tribunal europeo nuevas cuestiones prejudiciales y existe un recurso de casación abierto en el Tribunal Supremo sobre esta misma cuestión.

"Cualquier decisión normativa prematura podría entrar en contradicción con lo que se decida por las instancias jurisdiccionales", ha dicho Riesgo, que ha señalado que "ninguna actuación urgente serviría para solventar la inseguridad jurídica que existe".

Más al contrario, ha dicho el secretario de Estado, "podría acrecentarla", ya que, ha apostillado, el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea "reconoció que no hubo entendimiento entre el juzgado que realizó la consulta (a Europa) y los miembros de la corte de la Justicia europea, que no comprendieron totalmente el problema".

De esta forma, el Gobierno se posiciona con la parte del grupo de expertos convocado por el Gobierno para resolver esta situación, que se mostraban partidarios a esperar a la resolución de cuestiones judiciales, tanto en la justicia europea como los recursos de casación en el Tribunal Supremo.

Otra parte del grupo de expertos optaba por emprender una reforma del Estatuto de los Trabajadores y apostaba por resolver la desigualdad de trato con una indemnización de 20 días por año trabajado.

LA MESA POR LA CALIDAD DEL EMPLEO EMPEZARÁ MAÑANA

La situación de los interinos, ha dicho Riesgo, se desarrollará dentro de una de las cinco mesas abiertas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con los agentes sociales. Concretamente, en la que trabajará sobre la calidad de empleo, que empezará este jueves, y que abordará también materias de negociación en el trabajo, la garantía de derechos laborales, la lucha contra el fraude laboral, y aspectos referidos al bienestar y a la conciliación.

Las dos que ya han comenzado su actividad son la referida al sistema público de pensiones, y la que analizará un plan de choque por el empleo y sobre la tarjeta social, que empezó el martes de esta misma semana.

Las otras dos son la dedicada a la formación para el empleo y la formación dual, que se abrirá "en unas semanas", y la última que se pondrá en marcha es la de seguridad y salud en el trabajo.

LA OPOSICIÓN PIDE AL GOBIERNO QUE LEGISLE

Prácticamente la totalidad de la oposición ha criticado el camino elegido el Gobierno de aguardar a una nueva sentencia, lamentando los efectos de dilatar una decisión sobre los trabajadores temporales y animando al Ejecutivo a que legisle al respecto.

De esta forma, María Teresa Raya, del PSOE, ha criticado "la escasa y nula voluntad para acatar la sentencia", y ha dicho que, en todo caso, las conclusiones del informe instan a limitar la contratación temporal y sancionar situaciones abusivas.

"¿De qué parte están? ¿De los trabajadores o se ponen detrás de la roca de los mercados? ¿Por qué se hacen los remolones?", ha preguntado Raya, quien ha criticado que, para otras cuestiones, el Gobierno del PP es "el alumno aplicado" a la hora de cumplir dictados desde Europa.

Por parte de la coalición de Unidos Podemos, Aina Vidal ha cargado contra "la España de luz y de color" que ha presentado el secretario de Estado de Empleo, y el diálogo aludido por Riesgo, pues el Gobierno "no entiende de diálogo". "Diálogo no es cerrar una puerta y negociar con un solo grupo", ha señalado.

La diputada de En Comú ha criticado la elevada tasa de temporalidad de los nuevos contratos que se firman --más de un 94%-- y su "combustión espontánea". "Aparecen y se destruyen antes de que puedan advertirse: Un tercio de los contratos duran menos de tres meses y cinco de cada veinte duran menos de siete días", ha dicho.

"UNO NO SABE SI REÍR O LLORAR", Y NOÉ Y LA LLUVIA

Sergio del Campo, portavoz de Empleo de Ciudadanos, ha iniciado su intervención con un lacónico "No sé si reír o llorar" pues, el grupo de expertos constituido para analizar una sentencia que denuncia trato discriminatorio en el mercado laboral "lo primero que hace es rechazar el contrato único".

Del Campo ha celebrado la limitación de la contratación temporal anunciada recientemente por el Gobierno pero ha criticado que entre 2009 y 2015 el número de personal en la Inspección Laboral pasó de 1.798 a 1.800, dos trabajadores en seis años. Asimismo, ha cuestionado cómo abordará el Gobierno la retroactividad que pueda plantearse tras la sentencia.

Por su parte, el 'popular' José Ignacio Echániz ha ironizado sobre las críticas socialistas despachando que "oír al PSOE hablar de empleo es como oír a Noé hablar de la lluvia". En este punto, ha criticado que la tasa de temporalidad más alta en España se registra en Andalucía.

Asimismo, ha querido distinguir que la justicia europea reprueba el Estatuto de los Trabajadores, no la última reforma laboral, un "instrumento útil reconocido por la propia Comisión Europea". Echániz ha dicho que la sentencia es "bienvenida", así como "la vorágine de propuestas" presentadas por el Gobierno en materia laboral.

DECIR QUE HAY "INACTIVIDAD" ES "BOCHORNOSO"

Durante su réplica, Riesgo ha rechazado las acusaciones de los grupos de que no existiera iniciativa por parte del Gobierno pues, a su juicio, han actuado con una "diligencia absoluta y toda la rapidez en la gestión".

En los tres meses de Gobierno, ha apostillado, el Ejecutivo ya ha alcanzado varios acuerdos con la oposición y los agentes sociales y ha anunciado varias medidas; la última, referida a un plan para reducir la temporalidad en la administración. "Tildar esto de inactividad es objeto de bochorno", ha aseverado.

En este sentido, ha dicho que "no es el Gobierno, sino el propio tribunal el que dice que no está cerrado". "Y el grupo de expertos dice que no es responsable avanzar", ha apostillado el secretario de Estado. "Podríamos avanzar, pero de manera errática", ha dicho, remarcando que el asunto "va a seguir abierto hasta que lo resuelven los tribunales". "Dice el PSOE que es un clamor. No se ha cerrado en 37 años y se tiene que cerrar ahora que está 'sub iúdice'", ha remachado.