Las negociaciones entre el Gobierno de Alexis Tsipras y los acreedores -Comisión Europea, Banco Central Europeo (BCE), Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)- se han prolongado durante meses y un alto funcionario del Eurogrupo cifraba esta semana en un 50% las posibilidades de éxito.

Un resultado positivo de la reunión del lunes depende de dos factores. En primer lugar, los ministros de Finanzas de la zona euro deben valorar si las reformas aprobado por Atenas este jueves están en línea con el acuerdo preliminar cerrado a principios de mayo. En segundo lugar, Atenas y sus acreedores deben alcanzar un acuerdo sobre la sostenibilidad de la deuda pública helena que convenza al FMI para participar de forma completa en el programa.

El Ejecutivo de Tsipras aceptó finalmente el pasado 2 de mayo un amplio paquete de hasta 140 reformas que permitió el desbloqueo de las negociaciones. Los recortes más importantes son una reducción de las pensiones a partir de 2019 y una bajada del umbral libre del impuesto de la renta a partir de 2020 y equivalen a un 2% del PIB griego.

El acuerdo de principios de mayo también permite a Atenas legislar otras medidas que podrán ser implementadas si el país cumple con los objetivos fiscales, como reducciones en el impuesto de la renta de sociedades y de vivienda y un aumento del gasto en prestaciones sociales, en especial para población infantil.

La gran mayoría de las medidas pactadas fueron aprobadas por el parlamento heleno este jueves, entre fuertes protestas y un día después de la primera huelga general del año. La tarea de los ministros de Finanzas en el Eurogrupo del lunes es verificar si estas medidas cumplen con lo acordado a principios de mes.

Si el dictamen sobre los ajustes es positivo, el siguiente objetivo sería pactar un punto de vista común entre las instituciones europeas y el FMI sobre las medidas que se podrán aplicar al término del programa para aliviar la deuda pública griega. La institución dirigida por Christine Lagarde desea una mayor concreción en las medidas diseñadas el año pasado porque sigue pensando que el alto nivel de deuda pública de Grecia es insostenible.

Según ha publicado el diario heleno 'Kathimerini', el FMI y los países de la zona euro han acercado sus posturas sobre la materia en las últimas semanas y manejan la posibilidad de extender el periodo de vencimientos de deuda hasta 20 años, una medida que contaría con la aprobación de Berlín. No obstante, el acuerdo no incluiría una congelación de los tipos de interés, siempre según el periódico griego.

La necesidad de cerrar la segunda revisión del rescate es cada vez más apremiante dados los últimos datos macroeconómicos conocidos. Aunque Atenas ha registrado un superávit fiscal en 2016 muy superior al esperado, la Comisión Europea rebajó su previsión de crecimiento de la economía griega este año hasta el 2,1%, precisamente por los retrasos en las negociaciones. Además, el PIB griego se redujo un 1,2% en el último trimestre de 2016 y un 0,1% en el primer trimestre de este año, según Eurostat.

REVISIÓN DEL RESCATE ESPAÑOL

El otro tema sobre la mesa de los ministros de Economía de la eurozona será un punto de información por parte de la Comisión Europea y del BCE sobre la última misión de supervisión posterior al rescate bancario de España, cuyas conclusiones preliminares fueron publicadas a finales del mes de abril.

El las mismas ambas instituciones remarcan que el sector financiero español se está beneficiando de la recuperación económica y que el "amplio acceso" de los bancos a liquidez y los bajos costes de financiación están facilitando nuevos prestamos, en particular a hogares y pymes.

Además, Bruselas y BCE señalaron que, a nivel agregado, el sistema bancario cumple "confortablemente" con los requisitos de capital y que la calidad de los activos se ha fortalecido, aunque advirtieron de que el nivel de préstamos dudosos sigue siendo alto y de que algunas entidades "pueden necesitar reforzar sus balances para tratar con la herencia de activos inmobiliarios".

Por otro lado, el informe señala que la implementación de los planes de reestructuración está "buen avanzada" y debería completarse a finales de año, al mismo tiempo que afirma que la reestructuración de Bankia y BMN, también tras su fusión, y la privatización posterior "fortalecerá la estabilidad del sistema financiero".

Sobre la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), las dos instituciones europeas apuntaron que "no ha habido mejoras en sus resultados financieros" y añadieron que "avanzar en la desinversión de su cartera de una manera rentable es un reto, en particular debido a una recuperación de los precios inmobiliarios desigual y más lenta de lo esperado".