Tras la apertura de un expediente en diciembre de 2016, la CE ha enviado una nueva carta de emplazamiento a cinco de los siete países investigados (Alemania, España, Grecia, Luxemburgo y el Reino Unido) solicitando mayor información sobre la aplicación de la normativa de la Unión Europea (UE) relativa a la homologación de tipo de vehículos.

La carta de emplazamiento es el primer paso de un procedimiento de infracción que, en última instancia, puede terminar con el país delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea si este no toma las medidas que pide Bruselas.

"Tras una minuciosa evaluación de las respuestas remitidas por Alemania, España, Luxemburgo y el Reino Unido" la CE pide a estos países "que clarifiquen más el motivo por el cual no aplicaron sanciones a los fabricantes de automóviles que utilizaron dispositivos de desactivación prohibidos" en la legislación europea.

También solicita mayor información a Grecia en relación con el sistema nacional de sanciones y ha archivado el caso contra Lituania, puesto que considera que el sistema de sanciones introducido es compatible con la legislación de la UE.

Son las autoridades nacionales de los estados miembros de la Unión Europea, encargadas de la certificación y homologación de vehículos para comercializarse en el mercado único comunitario, las que deben castigar a los constructores que violen la legislación europea.

La CE abrió este procedimiento al sospechar que siete estados miembros no fueron todo lo estrictos que cabría esperar con Volkswagen, una vez se descubrió en septiembre de 2015 -en Estados Unidos- que el grupo alemán utilizaba un software ilegal para que los vehículos no rebasaran en los exámenes técnicos los límites de óxido de nitrógeno (NO) que sí superaban en carretera.