El Consejo de Ministros aprobó el viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la normativa de la Junta de Andalucía que permite devolver la jornada laboral de 35 horas semanales a los más de 270.000 trabajadores públicos de la administración autonómica, en vigor desde el pasado mes de enero, y acordó solicitar al TC la suspensión cautelar de esta medida.

El sindicato ha señalado al Gobierno que no puede oponerse a esta jornada en el caso de que haya sido negociada y pactada libremente entre los responsables de una administración y sus representantes sindicales, como ha ocurrido en Andalucía, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o en el Ayuntamiento de Madrid.

CSIF defenderá las 35 horas en la próxima reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas, donde se abordarán las líneas generales de los Presupuestos de 2018 en materia de personal.

El sindicato espera que el Gobierno reconsidere su posición y favorezca una modificación de la Ley que permita la negociación de las 35 horas en todas las Administraciones Públicas de España.

Mientras tanto, ha pedido al Gobierno que no solicite la suspensión cautelar de la medida en Andalucía hasta que no se dirima la cuestión por parte del Constitucional.