El Tribunal Constitucional paralizó el jueves la ley y convocatoria de un referéndum de independencia aprobadas esta semana en medio de una gran polémica por el parlamento catalán, advirtiendo a autoridades regionales y municipales de que no participen en la consulta, aunque los responsables catalanes han insistido en que seguirán adelante con sus planes.

En su nota, Fitch considera "improbable" la independencia, pero destaca que una escalada en las tensiones sería negativa para el rating de Cataluña si el apoyo de liquidez del Gobierno central "se debilitara o incluso se retirara".

"La relaciones con el Gobierno central son importantes para el perfil de la deuda catalana, ya que la región es muy dependiente del apoyo de liquidez del Gobierno central, aunque la evolución de los acontecimientos en torno a la consulta está en consonancia con la evaluación que hicimos en julio, cuando confirmamos el rating 'BB' con perspectiva negativa", dijo Fitch.

A finales de agosto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, detalló los fondos aportados por el Estado para financiar a Cataluña desde que en 2012 se pusieron en marcha los instrumentos de liquidez para las Comunidades Autónomas, recordando que la región gobernada por Carles Puigdemont era la que más dinero había recibido, casi 70.000 millones de euros.

"El Gobierno central tiene amplios poderes para intervenir si lo desea. Las medidas podrían incluir suspender algunas o todas las competencias del Ejecutivo regional, o cortar la financiación si se utilizara para costear los preparativos del referéndum", dijo el viernes Fitch, que recordó que Cataluña tiene saldos presupuestarios negativos desde 2008.

El ministro de Hacienda dijo que tras los controles adicionales aprobados por el Gobierno, los responsables políticos de la Generalitat catalana estaban certificando personalmente cada semana que no se estaba destinando "ni un euro" de su presupuesto al proyectado referéndum de autodeterminación.

Con todo, Fitch no considera que el recrudecimiento del conflicto secesionista en el camino hacia la consulta vaya a perturbar de manera "significativa" el rumbo de la economía española, en la que Cataluña tiene un peso del 20 por ciento.

Por contra, Fitch considera que una evolución hacia una mayor autonomía fiscal en Cataluña fruto de un acuerdo y una normalización en las relaciones con España sería positiva para la calificación de la región, ya que podría incrementar su capacidad recaudadora al tiempo que se mantiene el respaldo de liquidez del Estado español.