De momento, las oficinas comerciales del Popular han recibido orden de impulsar esta acción paralela a los bonos de fidelización en casos y perfiles concretos. Primero, entre empleados y familiares cuyas pérdidas por la resolución rondasen entre los 20.000 y los 40.000 euros. Según ha podido saber INVERTIA, estos préstamos personales a 7 años y a un interés del 0,5% (la media ronda el 8% en España) se realizarían por ese importe perdido exclusivamente en la segunda ampliación de capital del banco.

La idea es abrir la puerta a una ventana de liquidez más inmediata que la que podrían obtener aquellos que apuesten por mantener los bonos de fidelización durante 7 años, si no quieren acudir a negociarlos en el mercado secundario de deuda, donde se prevé que coticen al 70% de su valor nominal.

Las fuentes consultadas aseguran que a los empleados también se les ha ofrecido este `crédito blando¿ como fórmula para quitarles los anticipos que Popular les entregó para comprar acciones en su última ampliación de capital. Hay que tener en cuenta que el 75% de la plantilla del banco, unos 7.950 empleados, acudió a las dos últimas ampliaciones. Pero Santander solo ofrece de momento este préstamo a los que acudieron a la segunda. La mayoría de ellos lo hizo con anticipos de nómina que, como mínimo y según fuentes sindicales, rondaban los 6.000 euros, aunque hay casos en los que superaban los 15.000 por empleado.

De hecho, uno de los grandes temores de los trabajadores tras anunciarse la compra del Popular por el valor simbólico de un euro era que, tras la integración, la entidad cántabra decidiese cambiar las condiciones de esos `créditos a interés 0' a 5 años de vencimiento, con lo que los empleados que solicitaron esos anticipos se encuentran casi al inicio del pago de su deuda, que pasaba entonces a ser con Santander.  

Desde el anuncio de la puesta en marcha de los bonos de fidelización ha quedado claro que uno de los objetivos del banco presidido con Ana Patricia Botín es limitar la avalancha de acciones judiciales que ya han iniciado su curso en Europa y en la Audiencia Nacional, y cuya estimación de costes para el banco oscila entre los 600 millones de euros previstos por Citi a los 2.400 millones que manejan los analistas de Kepler.

Tal y como Santander explicaba en el folleto de emisión de los bonos de fidelización, quien acepte la oferta renunciará, de forma manuscrita e irrevocable, a emprender acciones legales (o a retirar las ya iniciadas) contra la entidad y los miembros de su consejo de administración (quedando excluidas de esta exigencia las autoridades Europeas). A cambio, los afectados recibirán estos bonos perpetuos que exigen una permanencia de 7 años en el banco, con lo que la entidad se asegura fidelidad del cliente.