La junta de acreedores del proceso concursal de la autopista, prevista para este martes, no ha podido votar propuesta alguna, dado que no logró 'quorum' suficiente al no acudir el representante del Estado, titular del grueso de la deuda, la procedente de las expropiaciones.

La no concurrencia de la abogada del Estado ha impedido cualquier votación o que prosperara convenio de acreedores alguno, con lo que la vía se ve abocada a que el juez dicte su liquidación en los próximos días, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

De esta forma, al no acudir a la junta, Fomento ha atajado la intención de los 'fondos buitre' de presentar un plan de viabilidad para quedarse con la autopista y evitar su rescate por el Ministerio.

Se da la circunstancia de que la R-2 es la única de las nueve autopistas quebradas ante la que el Estado no está obligado a atender a la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), porque en su día no lo recogió su contrato de construcción y explotación.

La RPA es el importe que el Estado debe abonar a los concesionarios de las vías para compensar por las inversiones que realizaron en su construcción, una 'factura' que, según el sector, puede ascender a un total de 3.500 millones de euros para todas las autopistas, pero que Fomento afirma que será menor.

El hecho de no cobrar el 'rescate' y la actual mejora de los tráficos llevaron a los fondos a intentar quedarse con la autopista. Ello hubiera descompuesto el plan de rescate diseñado por Fomento para las vías de pago quebradas, que pasa por asumirlas y volverlas a sacar a concurso.

En cualquier caso, dichas fuentes jurídicas, recordaron que, en virtud del procedimiento concursal, las propuestas de convenio no se pueden presentar en las juntas de acreedores, sino al menos cuarenta días antes para que puedan ser analizadas.