Borra, quien ha participado hoy en el Consejo Provincial del sindicato en Valladolid, ha querido "romper una lanza" en favor de los empleados públicos que "lo están pasando muy mal" en Cataluña y, durante el 1-O, recibieron "órdenes ilegales".

Borra ha reconocido que se produjeron "problemas" con los cuerpos y fuerzas de seguridad, como la Policía local y los Mossos, que recibieron órdenes que no eran las correctas, para lo cual se puso en marcha el Gabinete de Crisis que CSI-F tiene "de manera permanente" en Barcelona.

Ha explicado, además, que el pasado domingo el sindicato tenía contratado un gabinete jurídico para que pudiera atender a las policías locales de los diferentes ayuntamientos catalanes y que atendió muchas preguntas sobre las instrucciones que recibieron para mantener el orden público.

"Se les dijo que pidieran las órdenes por escrito y que bajo ningún concepto su actuación permitiera que se favoreciera la posibilidad de votar, ya que el Tribunal Constitucional había considerado ilegal el referéndum", ha añadido.

En opinión del presidente nacional del sindicato de funcionarios, no se puede declarar la independencia de Cataluña porque es una circunstancia que no está contemplada en el ordenamiento jurídico español y está la garantía del Gobierno "de que ningún empleado que cumpla con su deber se quedará desamparado".

Al respecto ha advertido de que "es imposible que los funcionarios de la Administración General del Estado, porque se le ocurra a unos señores de manera unilateral, pasen a ser funcionarios de la Generalitat".

Por otra parte, Borras ha enviado un mensaje al Gobierno central sobre la negociación que están llevando a cabo con los empleados públicos para que "haga un esfuerzo en sus retribuciones", ya que "la oferta de una subida de ocho puntos, en tres años, resulta insuficiente".

"Los funcionarios hemos perdido un 20 por ciento de poder adquisitivo desde el inicio de la crisis, y queremos que se produzca una recuperación económica significativa", ha añadido, al tiempo que ha indicado que están a la espera de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto a la oferta pública de empleo se ha mostrado "satisfecho" ya que se va a abrir un proceso extraordinario con "cerca de 100.000 plazas en aquellos sectores que se quedaron fuera hace seis meses, en el autonómico, local o universidad".

Otra de las reivindicaciones es la jornada de 35 horas, que quieren aplicar muchas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León y, en este sentido, ha pedido al Gobierno, que cuantifica esta medida entre 800 y 1.200 millones de euros, que "deje que en cada ámbito se pueda negociar".

"Con esta medida se mejorarían los servicios públicos y se crearía un empleo de calidad que cotizaría a la Seguridad Social y el IRPF, no como está pasando en estos momentos en el sector privado", ha matizado.