En unas conclusiones aprobadas durante el consejo celebrado hoy en Bruselas, los ministros instan al Ejecutivo comunitario a presentar una propuesta, pero no dan indicaciones precisas de qué medidas esperan que introduzca a pesar de que tenían varias opciones concretas sobre la mesa y en septiembre habían asegurado que darían directrices más claras a la Comisión.

La llamada de los países llega después de que en septiembre varios países, encabezados por Francia, pidiesen actuar en territorio europeo para acabar con la situación actual en la que las empresas digitales como Google, Amazon, Apple o Facebook, con frecuencia pagan impuestos mínimos pese a sus abultados beneficios.

Esto se debe, en buena medida, a que las normas fiscales tradicionales determinan el volumen y destino de los impuestos basándose en la presencia física de las empresas, sin tener en cuenta la presencia virtual o el valor generado por los datos que caracterizan la economía digital que ha vivido una explosión en los últimos años.

En septiembre, diez países (Francia, España, Italia, Alemania, Austria, Bulgaria, Grecia, Portugal, Rumanía y Eslovenia) firmaron una propuesta pidiendo a la CE que tomase medidas urgentes, como un impuesto compensatorio, mientras se llega a una solución internacional para el problema, y la Comisión puso sobre la mesa una serie de posibles medidas a corto plazo.

En las conclusiones adoptadas hoy, los países se limitan a pedirle a la Comisión que evalúe las opciones sobre la mesa, sin decantarse por alguna.

Estas pasan por un impuesto compensatorio calculado en función del volumen de negocio de las empresas para equilibrar lo que no pagan por sus beneficios, una retención bruta a las transacciones digitales, es decir, sobre "ciertos pagos hechos a proveedores de bienes y servicios en línea" que no tengan residencia en el país donde está establecida la empresa.

Una tercera opción es una tasa sobre los ingresos obtenidos al prestar servicios digitales o por actividades de publicidad, que se aplicaría a transacciones hechas a distancia con consumidores de países en los que la entidad no tenga residencia fiscal, pero sí una "presencia económica significativa".

En sus conclusiones, los países recuerdan que prefieren una "solución global" y piden a la Comisión que tenga en cuenta tanto los avances en la materia en el seno de la OCDE como la "factibilidad" y el "impacto económico" de las medidas que proponga.

Insiste en colaborar con la OCDE para encontrar esta solución a largo plazo y aboga por que en ella se tenga en cuenta el concepto de "establecimiento virtual permanente" y se actualicen si es necesario las reglas sobre el traslado y atribución de beneficios.

Al hacerlo, dicen, deben tenerse en consideración los factores que caracterizan estos nuevos modelos de negocio y, en particular, el papel que juegan los datos de los usuarios en la creación de valor por parte de estas empresas.

Insta además a que estas empresas compartan datos con las autoridades fiscales, y a que se estudie cómo afectaría a la llamada economía colaborativa.