Ayer la ministra Báñez lanzó la posibilidad de que los españoles pudieran de forma voluntaria calcularse la pensión con toda la vida laboral. Algo que, en circunstancias normales, supone cobrar menos pensión que si se establece el cómputo en los últimos años. Para vestirlo de manera más dulce, también con medias lenguas, se proponía eliminar de la cotización aquellos años que se hubiese ganado menos o de triste estancia en el paro.

Una buena idea social sobre todo desde la crisis económica de 2007 que ha dejado sueldos más bajos y unas elevadas cifras de paro. Pero hoy esas dos ideas han ido tomando cuerpo hacia lo que realmente propone el Gobierno: calcular la pensión con la vida laboral completa (no voluntariamente) y suavizarlo eliminando los años de menores cotizaciones.

Esta propuesta que, seguramente, acabe llevándose al Pacto de Toledo ya tiene una lógica económica acorde con los tiempos y con lo que piensa el Gobierno: las pensiones tienen que bajar por cuanto tenemos un déficit anual de 20.000 millones y las expectativas no son halagüeñas tanto por pirámide poblacional como por los sueldos que imperan en los más jóvenes y no tanto.

Pero siempre hay esperanzas entre lo ingenuo, lo demagógico y lo real para que las pensiones sigan evolucionando de manera positiva y no sufran drásticos recortes como los que se prevén o pierdan poder adquisitivo como ocurre actualmente con la subida del 0,25% frente a una inflación el año pasado del 1,1%.

Y aquí, es complicado mojarse del todo. En primer lugar, porque nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro en cuanto al número de personas que estén trabajando (hay un gran potencial con la emigración) que puedan pagar esas pensiones. El Gobierno confía en que el aumento del número de trabajadores revierta el déficit en superávit.

Para partidos de izquierdas como Podemos o PSOE todo se arreglaría con una tasa a la banca para que se financien esos agujeros que ahora se cubren con hucha y deuda. También una política fiscal que aflore el fraude que ellos estiman en torno a los 60.000 millones de euros sería suficiente para que no hubiera que tocar nada más de la economía para que nuestros jubilados presentes y futuros siguieran manteniendo niveles similares a los de ahora.

Una variable ésta del fraude fiscal algo inconsistente. Sale esa cifra pero podría ser más o menos, o en todo caso qué efecto tendría en la economía hacer emerger esos capitales. Es un dato escurridizo.

Los menos apegados al modelo territorial de España consideran que la desaparición del actual estado de las Autonomías con sus millones de funcionarios así como la ingente cantidad de ayuntamientos también serviría para destinar esos recursos a las pensiones. Aquí la cuantificación en apariencia es más fácil pero también tendría consecuencias laborales importantes y, sobre todo, políticas que los partidos no desean. El clientelismo de trabajadores públicos es una fuente de votos y poder importante para los partidos políticos.

Modificar los cálculos de la pensión tiene su lógica, aunque siempre iremos a peor de como estamos ahora mismo. Pero no se trata un problema de recorte sino de ingresos y ahí que está la clave nadie se quiere poner de acuerdo.