Ese requerimiento es un "paso previo" con el objetivo de evitar la interposición de un recurso contenciosoadministrativo contra este real decreto, aprobado en diciembre, ha informado hoy la CNMC en un comunicado.

La normativa establece que los intermediarios, como las plataformas Airbnb o Homeaway, estarán obligadas a remitir trimestralmente a la Agencia Tributaria información sobre el titular de la vivienda y las personas o entidades arrendatarias, entre otras cuestiones para prevenir el fraude fiscal.

Para la CNMC, la normativa no aclara quiénes son los sujetos obligados a proporcionar información y apunta que si se trata de entidades que no participan en todas las fases de la transacción podrían verse obligadas a soportar una carga que restringiría la competencia.

También ve "innecesarios o desproporcionados" algunos datos requeridos como, por ejemplo, la identidad del titular de la vivienda cuando esta ha sido cedida o el número de días de uso, así como la obligación de conservar la documentación. EFECOM

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