En concreto, Bruselas apuesta por aplicar este gravamen sobre la facturación de aquellas empresas que cuentan con unos ingresos globales que superan los 750 millones en todo el mundo y los 50 millones en el bloque comunitario.

Sin embargo, este impuesto se aplicaría de forma temporal hasta que se adopten las normas generales sobre el impuesto de sociedades y ayudará a evitar que los países de la UE aprueben medidas "unilaterales" que puedan crear un "mosaico" de respuestas nacionales.

En particular, la tasa temporal gravaría los ingresos generados por actividades en las que los usuarios juegan un "papel importante" en la creación de valor y que son difíciles de "capturar" por las reglas fiscales actuales.

Entre ellos están los ingresos generados por la venta 'online' de espacios publicitarios, las actividades de intermediación que permiten a los usuarios interactuar entre ellos para facilitar la venta de bienes y servicios y la venta de datos aportados por los propios usuarios.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha presentado en una rueda de prensa estas medidas, con las que Bruselas pretende adecuar el sistema fiscal comunitario al nuevo entorno empresarial.

El Ejecutivo comunitario ha destacado la "gran contribución" al crecimiento económico que han protagonizado negocios digitales, como las redes sociales o las plataformas colaborativas, pero al mismo tiempo ha reconocido que las reglas tributarias actuales "no están diseñadas" para cubrir a aquellas empresas que son globales pero que apenas tienen presencia física.

Ante este nuevo escenario, la Comisión Europea ha presentado este miércoles dos propuestas que, sin embargo, necesitan el apoyo unánime de todos los socios para ser aprobadas. La propuesta de un gravamen temporal responde a la demanda trasladada por algunos países, entre ellos Francia, España, Alemania e Italia, de crear un impuesto temporal que cubra las principales actividades digitales que en la actualidad no están gravadas en la UE.

Pero además, Bruselas apuesta por revisar las reglas sobre el impuesto de sociedades para conseguir que las compañías digitales paguen impuestos en el Estado miembro en el que tenga una "interacción significativa" con los usuarios a través de canales digitales. Esta es la opción preferida por la institución comunitaria para el largo plazo.

Esta revisión hará que los Estados miembros graven los beneficios generados por las empresas digitales en su territorio, incluso aunque no tenga presencia física en ellos. Para ello, los Estados miembros podrán aplicar el impuesto de sociedades a las empresas que cumplan uno de los siguientes criterios: ingresar más de 7 millones de euros anuales, tener más de 10.000 usuarios en un año fiscal o cerrar más de 3.000 contratos de negocios para servicios digitales.

Este nuevo sistema, apunta la Comisión Europea, garantiza un "vínculo real" entre dónde se general los beneficios digitales y dónde son gravados. Bruselas también ha concretado que esta medida puede ser integrada en la base imponible común y consolidada del impuesto de sociedades, cuya propuesta todavía está siendo negociada por los socios comunitarios."