Los Presupuestos llegan el martes al Congreso en busca de apoyo parlamentario

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se mostraba la pasada semana confiado en que podrá reeditar la mayoría que aprobó las cuentas de 2017 -PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canarias, Nueva Canarias, UPN y Foro Asturias-, aunque el grupo vasco insiste en negar su voto mientras continúe la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

El proyecto presupuestario esbozado por el Gobierno parte de ligero repunte del gasto -119.834 millones, un 1,3 % más- y una previsión récord de ingresos tributarios -210.015 millones de euros, un 6 % más-.

Entre las medidas que recoge el proyecto destaca la subida salarial de los empleados públicos, del 1,75 % -que se completa con fondos adicionales equivalentes a un repunte del 0,2 % para homologaciones retributivas o aportaciones a planes de pensiones-, tal y como el Gobierno había pactado con los sindicatos.

También incluye mejoras para 6,73 millones de pensionistas a través de rebajas fiscales y subidas de las cuantías -del 3 % para pensiones mínimas y no contributivas, el 2 % para viudedad, el 1,5 % para rentas de hasta 9.800 euros anuales y del 1 % para pensiones entre 9.800 y 12.040 euros anuales-.

Las rebajas fiscales, que son comunes para pensionistas y rentas bajas, consisten en la exención del pago del IRPF para rentas inferiores a 14.000 euros y descuentos, que aún no han sido detallados, para las rentas de hasta 18.000 euros anuales.

El proyecto también prevé deducciones por gastos de guardería (1.000 euros), por cónyuge con discapacidad (1.200 euros) o por familia numerosa a partir del cuarto hijo (600 euros por niño).

Además, se bajará el IVA del cine del 21 % al 10 %, se ampliará a cinco semanas el permiso de paternidad, se incrementará en 4.020 millones la financiación de las comunidades autónomas y aumentará la dotación para infraestructuras, dependencia o becas.

Pese a estos incrementos de gasto y recortes de impuestos, el Ejecutivo asegura que cumplirá el objetivo de déficit público pactado para este año, del 2,2 % del PIB, lo que permitirá salir una década después del procedimiento de déficit excesivo.

Este ajuste será posible gracias al crecimiento económico -2,7 %, según la actualización de las previsiones-, que repercutirá en un descenso del desempleo y una subida de los salarios, entre otros factores.