"Mi pretensión es poner en marcha un paquete de medidas fiscales dirigidas a una nueva realidad, que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y social y la contribución por parte de sectores que tienen que desarrollar un mayor esfuerzo para la redistribución de las rentas", afirma Montero en una entrevista con EFE.

Entre los cambios que irán recogidos en las cuentas figura la modificación del impuesto de sociedades para que los grandes grupos consolidados tributen de manera efectiva como mínimo al 15 % sobre su base imponible.

Actualmente, el tipo nominal es del 25%, pero la aplicación de exenciones y deducciones rebaja el tipo efectivo sobre la base imponible hasta una media del 19%, de acuerdo a los últimos datos de la Agencia Tributaria, lo que significa que muchas empresas ya pagan más del 15% que el Gobierno quiere fijar como mínimo, aunque otras lo hacen por debajo y estas últimas serían las que se verían afectadas.

Esta medida "no va a afectar ni a pymes ni a autónomos", insiste, y tampoco los grandes grupos que tributan por encima del 15% tendrán "ningún problema", ya que el objetivo es que quienes no alcanzan ese umbral "contribuyan en una medida justa y razonable".

A nivel técnico, el tributo está aún en desarrollo, aunque la ministra apunta que el cambio podría pasar "por quitar deducciones a partir de un determinado nivel".

Otro cambio tributario que podría incluirse en el Presupuesto, aunque todavía no está cerrado, es la equiparación de los impuestos que paga el diésel -inferior- y la gasolina, aunque Montero señala que forma parte de un paquete medioambiental en el que aún se está trabajando.

Este aumento del impuesto de hidrocarburos que paga el diésel "tiene un elemento político superior al de la recaudación", ya que su objetivo es ayudar a transitar hacia un sistema energético menos contaminante, es decir, que será "un soporte y una ayuda" para que este combustible "vaya progresivamente desapareciendo".

No estará en el Presupuesto el futuro impuesto sobre la banca, "un sector que entendemos que tiene que hacer un mayor esfuerzo", porque se va a diseñar de manera finalista para contribuir a sufragar el sistema de pensiones, por lo que se trabaja con la Seguridad Social.

Tampoco figurará otra de las grandes novedades tributarias de este Gobierno, el impuesto digital, "que responde a una nueva realidad de transacciones que se efectúan en las redes y que no están contempladas en la tributación tradicional", lo que perjudica a las empresas tradicionales de sus sectores.

Este tributo, que afectará principalmente a las grandes empresas tecnológicas, gravará la intermediación que realizan las plataformas entre particulares y empresas, la venta de datos de los usuarios -"con lo que algunas empresas ganan dinero y no tributan"- y la publicidad en la red, que conlleva un ingreso.

Con respecto a la posibilidad de que las grandes tecnológicas abandonen España para evitar pagar este impuesto, la ministra recuerda que "tarde o temprano el resto de países se verán abocados a poner en marcha" impuestos similares por "justicia social".

Además, critica que cuando se plantea una subida tributaria "siempre hay un sector que amedrenta con motivo de pérdida de empleo o de que la pérdida de beneficio repercute en el salario de los trabajadores". "Ya está bien", añade, "ya somos todos suficientemente maduros como para saber que las grandes empresas tienen que contribuir más y que la sociedad tiene mecanismos para que eso no se le traduzca al común de los ciudadanos".

Montero también pretende incluir en las cuentas la reclasificación del IVA que pagan los productos de higiene íntima femenina, que pasaría así del 10% al 4%, aunque este cambio precisa del visto bueno previo de Bruselas.

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