Así consta en un informe aprobado el pasado mes de septiembre por el Pleno del Tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, y que revela que el 71,2% de los expedientes de incidencias surgidas a lo largo de su ejecución acabaron afectando a su precio, a los plazos previstos o a ambos. En total estas incidencias elevaron en 14.829,37 meses la ejecución de los contratos ya fuera por ampliaciones de plazo o por autorizaciones de prórrogas.

El mayor impacto económico se concentró precisamente en las prórrogas, pues en los tres años fiscalizados se autorizaron 667, por un total de 5.695,14 meses. El Tribunal cuantifica este impacto en 582,2 millones de euros.

Por otro lado, se remitieron 293 expedientes de modificación, con un alza de 169,3 millones en 279 de ellos, mientras que las ampliaciones de plazo, un total de 1.526 expedientes, generaron un aumento en los plazos de ejecución de 7.957 meses, con una repercusión económica de 28,6 millones. Asimismo, los 76 expedientes de revisión de precios favorecieron en 45,8 millones a los contratistas.

ADIF Y ADIF-ALTA VELOCIDAD, ENTIDADES CON MÁS INCIDENCIAS

Respecto a las entidades que presentaron un mayor número de incidencias, Adif registró en estos tres ejercicios 2.089 expedientes, el 45% del total, seguida de Adif-Alta Velocidad (885), Renfe-Operadora (250), Enaire (238), Correos y Telégrafos (178), Renfe Viajeros (162), Tragsa (117), Renfe Fabricación y Mantenimiento (83), Paradores de Turismo (78), Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (72) y Seitsa (63).

Estos datos figuran en el 'Informe de fiscalización de la actividad contractual del sector público empresarial estatal no financiero, a partir de la información proporcionada por la plataforma de rendición telemática de la contratación, en los ejercicios 2015 y 2016'.

En él, se fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a las que está sometida la actividad del sector público empresarial estatal no financiero respecto a la contratación, la selección de los contratistas y las principales incidencias en la ejecución, así como el grado de cumplimiento en la obligación de remitir documentación al Tribunal de Cuentas.