La sentencia del Supremo sobre las hipotecas abre otra batalla entre la banca y Hacienda

Acción: el Tribunal Supremo, modificando su anterior criterio, dictamina ahora que quien debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) en las escrituras públicas sobre hipotecas es la entidad prestamista (el banco), no el prestatario (el cliente). Reacción: las entidades financieras responden, en un comunicado conjunto enviado por las tres asociaciones bancarias, AEB, CECA y UNACC, que muy bien, que así lo harán en adelante. Y `marrón¿: ¿quién devolverá entonces a los clientes el dinero que han pagado hasta ahora y que según el Supremo no deberían haber desembolsado?

El sector financiero, desde luego, no se da por aludido. Y en su comunicado lo expone por cuatro vías distintas. La primera, la más clara: ¿La sentencia publicada en el día de hoy ¿por ayer- se refiere a una cuestión de naturaleza tributaria¿. Es decir, que se trata de un asunto fiscal, no bancario, y que, por tanto, compete a Hacienda, que es hacia donde deben mirar los clientes, no hacia las entidades. La segunda: ¿Las entidades de crédito no han percibido cantidad alguna de sus clientes por este concepto¿. Esto es, los impuestos no han ido a su `bolsillo¿, que para eso son un impuesto y no, por ejemplo, una comisión, con lo que ellas no pueden devolver lo que nunca cobraron. La tercera: ¿En este ámbito, los bancos han cumplido siempre con la normativa vigente aprobada hace más de 20 años¿. O lo que es lo mismo, en este caso que nadie les acuse de `mala praxis¿, sino que simplemente se han limitado a cumplir la ley. Y la cuarta: ¿Como siempre han hecho, las entidades, a partir de esta sentencia, cumplirán con el nuevo criterio establecido por el Tribunal Supremo¿. Como cambian las reglas del juego, el sector se atendrá a las nuevas, pero a partir de ahora, no a partir de un momento pasado, sea cual sea ese momento.

Ahí, en esas cuatro líneas de defensa, se articula una posición que amenaza con abrir un importante foco de tensión con Hacienda. Otro más, porque las relaciones ya vienen tensas en los últimos meses, en los que las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez con respecto a la creación de un impuesto para la banca, descartado por ahora, o la doble imposición a los beneficios generados en el exterior han tensado la cuerda entre Hacienda y las entidades.

¡A RECLAMAR!

Y ahora, aunque ninguna de las dos partes ha buscado esta situación, amenaza otro frente. Porque una cosa -aunque solo sea una en el laberinto abierto por el Supremo- está clara: los clientes con hipotecas lo suficientemente lustrosas como para que les compense reclamar, lo harán. En juego, puede haber de media 3.000 euros por hipoteca, aunque la cuantía dependerá de cada caso. Y quien quiera recuperar esa cantidad llamará primero a la puerta de Hacienda, tal como están aconsejando ya los asesores fiscales.

A partir de ese punto se desata la incertidumbre. Y la tensión. Porque, a expensas de que termine de definirse por completo la retroactividad aplicada a la sentencia, aunque las fuentes legales consultadas se inclinan por los cuatro años, las hipotecas `aludidas¿ por el nuevo criterio rondarían los 1,2 millones, tomando los datos mensuales de hipotecas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, una suma que, multiplicada por ese importe medio de 3.000 euros, puede dar lugar a un impacto de 3.600 millones de euros, con lo que se mueve dentro de la horquilla que la agencia de calificación Moody¿s manejaba a comienzos de año, en la que calculaba un efecto de entre 3.500 y 4.000 millones de euros. Y eso sin tener en cuenta que los clientes también podrán reclamar los intereses de demora, por no haber dispuesto de un dinero que era suyo, que ahora se encuentran en el 3,75%.

Es decir, `alguien¿ deberá devolver ese dinero. Pero falta saber quién. Las entidades esgrimen que ellas han cumplido la ley, que esos gastos impositivos no han ido a su bolsillo y que pregunten, por tanto, en Hacienda, en las distintas administraciones territoriales, que es donde ha terminado ese dinero. Pero, en sentido contrario, Hacienda expone que el asunto no va con ella, sino que, como en otros casos, como el de las cláusulas suelo, los bancos tendrán que soportar la devolución, mediante el mecanismo que se termine articulando, puesto que no importa que el dinero no haya ido a parar a su bolsillo, sino que la clave reside en que, según dice ahora el Supremo, tenían que haber pagado algo que no pagaron y que ahora deberán restituir a quienes lo pagaron, los clientes.

MAL MOMENTO

No es poca cosa la que está en juego. Aunque los cálculos son difusos y se mueven unos márgenes tan amplios, entre los 2.000 y los 25.000 millones, que no hacen sino reforzar la complejidad de la situación, la factura puede ser milmillonaria en cualquier caso. Es decir, dura para la banca, que no anda sobrada de ganancias en España, puesto que el beneficio total medio del sector ha sido de 6.300 millones en los últimos años, y también dura para Hacienda, que está negociando el déficit público con Bruselas décima a décima como para conceder ni lo más mínimo por este asunto.

Los precedentes de otras sentencias, sin embargo, no son favorables para el sector bancario. Así lo descontaron los inversores este jueves, con fuertes caídas en todos los bancos cotizados, dando a entender que serán las entidades las que, pese a la firma posición expuesta en su comunicado, acabarán pagando la `factura¿.

Gonzalo López Eguiguren, analista de Mirabaud Securities en España, firma que ya a finales de 2017 se preguntaba si el mercado y los propios bancos no estaban subestimando el riesgo de los litigios hipotecarios, afina el impacto que puede provocar el fallo del Supremo. ¿Ajustando el riesgo en función del tamaño de la hipoteca y la distribución geográfica de los clientes, en un escenario en el que los bancos tuvieran que hacer frente al IAJD y resto de gastos de formalización de las hipotecas actuales en vigor, Bankinter, Bankia y Sabadell serían las entidades más impactadas. En el caso opuesto estarían Liberbank o Unicaja¿.

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