"Ayer habló el Poder Judicial. Hoy y mañana lo hará el Poder Ejecutivo". Sobre esta premisa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha proclamado que "los españoles nunca más pagarán el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD)" y que este tributo recaerá en la banca, a la que ha exigido "responsabilidad" para que no repercuta este impuesto a los clientes. 

Sánchez ha anunciado que el Gobierno modificará la actual normativa mediante un Real Decreto-Ley. Se ha referido en concreto al artículo 29 de la actual ley, que establece que "será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan". El cambio se hará efectivo cuando entre en vigor la nueva ley. 

"Nosotros lo que queremos es que pague la banca este impuesto, no los ciudadanos", ha remachado, para dejar claro que su intención no es suprimir este tributo, como ha propuesto el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Ha preciado, eso sí, que el cambio legal previsto no contempla ninguna retroactividad, con lo que los clientes que lo pagaron en el pasado no podrán reclamar la devolución de ese dinero.

Aunque el presidente ha mostrado "el respeto del Gobierno a la largo y la independencia del Poder Judicial", no ha ocultado que, en su opinión, la resolución adoptada este martes por el Supremo "no es positiva". Por este motivo, y amparándose en la seguridad jurídica y el interés ciudadano, ha anunciado esta modificación.

El Ejecutivo sale al paso así de la polémica decisión anunciada el martes por el Supremo. El Pleno de la Sala III de lo Contencioso-administrativo del Alto Tribunal, por un estrecho margen de 15 votos a 13, aprobó mantener la doctrina que ha estado vigente en los últimos 23 años, mediante la que el pago del IAJD corresponde a los clientes. Como cabía esperar, este pronunciamiento ha generado un malestar social que ha empujado al Gobierno a modificar la ley para que finalmente sean los bancos los que abonen este tributo.

Al mismo tiempo, la intervención del Gobierno atiende la propia petición que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, había formulado esta mañana. Lesmes había señalado que, tras la decisión de este martes, surgía "una magnífica oportunidad" para aclarar "quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria".

DEFENSOR DEL CLIENTE

Además, Sánchez ha anunciado durante su comparecencia que el Gobierno remitirá en las próximas semanas a las Cortes la creación de una Autoridad Independiente de protección de clientes financieros, con la intención de garantizar la seguridad jurídica "de todos y para todos".

Con esta autoridad independiente, "se reforzará la protección ante potenciales abusos y se mejorará la capacidad de resolver conflictos financieros", ha explicado Sánchez.