Las bolsas deben seguir abiertas. Una proclama a la que ahora se suma la vicepresidenta española de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. La mandataria ha asegurado que el Gobierno ya ha tomado "las medidas indicadas por el momento para frenar la volatilidad".

Así lo ha explicado Calviño en una comparecencia en la que ha explicado las últimas medidas del Gobierno español en materia económica para hacer frente a la amenaza económica del coronavirus. La vicepresidenta se alinea así con lo que hasta ahora han defendido las propias sociedades rectoras de bolsas en Europa y los supervisores, tanto locales como internacionales.

En este sentido, la responsable de Asuntos Económicos ha insistido en la validez de la prohibición de las posiciones cortas que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció el pasado 16 de marzo con vigencia inicial de un mes. Aquí ha destacado que otras instituciones del ámbito europeo han optado por medidas similares con el objetivo común de "impedir la especulación a la baja" sobre las compañías cotizadas.

El blindaje del decreto-ley

Por otra parte, ha hecho mención a las medidas de blindaje y "control de las inversiones extranjeras" anunciado por el Gobierno en el decreto-ley que establecía las medidas más urgentes para la declaración del estado de alarma en España. En este sentido, se limitaba la participación de inversores procedentes de fuera de la Unión Europea al 10% en ciertos sectores estratégicos y críticos para la economía nacional, a la par que se limitaba su posible acceso a los órganos rectores de las cotizadas, tales como el consejo de administración.

Calviño ha subrayado en su intervención que "estas medidas son las que, de momento, hemos considerado oportuno adoptar para frenar la volatilidad de los mercados de valores para que no se traslade a los mercados de deuda pública y resulte en una crisis" más profunda.

El paquete de medidas urgentes aprobado por el Gobierno también incluye otras medidas de las que varias cotizadas están haciendo uso en las últimas semanas. Entre ellas, la posibilidad de celebrar juntas de accionistas y sesiones del consejo de administración únicamente por medios telemáticos, así como el retraso o anulación de convocatorias para la asamblea anual de accionistas.