El grupo ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del acuerdo de su Consejo de Administración, adoptado este pasado miércoles, para convocar la Junta General de Accionistas con carácter ordinario.

En concreto, la Junta ha sido convocada, en la sede de Euskaltel en el Parque Tecnológico de Bizkaia, en Derio, a las doce del mediodía del 2 de junio y, si no se alcanza el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora el 3 de junio.

No obstante, el Consejo se reserva la facultad de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas a puerta cerrada, debido a las "crecientes restricciones a los desplazamientos" por la pandemia de coronavirus, "garantizando, en su caso, los derechos de participación y voto de los accionistas".

En el orden del día, se incluye el examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión de Euskaltel y sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2019, que el grupo concluyó con un beneficio neto superior a los 60 millones de euros.

Modificaciones de estatutos

También se planteará en la Junta diversas modificaciones de los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionista y la reducción del número de miembros del Consejo de Administración de Euskaltel en dos consejeros, con lo que pasará a estar compuesto por once integrantes.

Asimismo, se propondrá la reelección de Kartera 1, S.L. como consejera dominical, representada por Alicia Vivanco González, por el plazo estatutario de cuatro años y la ratificación del nombramiento por cooptación y elección de Xabier Iturbe como consejero externo.

Por otro lado, la Junta someterá a aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Euskaltel y de distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2019.

En concreto, se plantea distribuir un dividendo complementario de 0,170 euros brutos por cada acción de Euskaltel, teniendo en cuenta que el beneficio neto del ejercicio se sitúa en 60.261.040 euros y la existencia de reservas de libre distribución por importe de 417.793.605 euros (entre reservas voluntarias y prima de emisión), según recoge en la información remitida a la CNMV. El pago se producirá no más tarde del 29 de julio de 2020 y el importe máximo de dividendos se fija en 55,3 millones.

Remuneración

En materia de remuneraciones del Consejo de Administración, se propondrá fijar en 4.500.000 euros el importe anual máximo de retribución de todos los consejeros por todos los conceptos y "por cualesquiera funciones que realicen, tanto por el desempeño de funciones ejecutivas como de no ejecutivas".

La Junta de Euskaltel someterá a aprobación la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros de Euskaltel, que sustituiría a la aprobada en abril del pasado año, teniendo en cuenta que a lo largo de 2019 se produjeron una serie de cambios en la composición del Consejo de Administración, siendo "el más destacable" la nueva calificación del presidente como no ejecutivo". Asimismo, se materializó también la finalización del Plan de Incentivos 2017-2019.

Por ello, se someterá a votación la modificación de los Estatutos en lo relativo a la remuneración de los consejeros que no tengan encomendadas funciones ejecutivas y la aprobación de un nuevo Plan de Incentivos 2020-2022, dirigido, entre otros, al consejero delegado (único consejero ejecutivo que desempeña funciones ejecutivas en la Sociedad) y al presidente no ejecutivo del Consejo de Administración.

Además, entre los puntos del orden del día, se incluye facultar, por un plazo de cinco años, al Consejo de Administración, conforme a la Ley de Sociedades de Capital para, sin previa consulta a la Junta General, aumentar el capital social hasta 10% del capital de la sociedad.

Del mismo modo, se votará la renovación de la autorización al Consejo de Administración, por el plazo de cinco años, para emitir obligaciones o bonos simples, pagarés y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, no convertibles en acciones nuevas de la Sociedad ni canjeables por acciones en circulación, así como participaciones preferentes, con el límite máximo de 600 millones, de acuerdo con lo aprobado en la Junta en 2018.

También se autoriza para que la Sociedad "pueda garantizar, dentro del límite anterior, las nuevas emisiones de valores que efectúen las sociedades dependientes".