La última iniciativa del Gobierno para procurar que las sicavs se conviertan en un verdadero vehículo de inversión colectiva amenaza con resecar su ya escasa liquidez. El mínimo de inversión que se pretende establecer en 2.500 euros por partícipe supera el volumen que en un año entero movilizan un 38% de estas sociedades comúnmente vinculadas a la gestión de grandes fortunas.
Cerca de un millar de las casi 2.500 sicavs (2.452 excluyendo aquellas en proceso de liquidación) que cotizan en la plataforma específica de BME, la de referencia del mercado para estas sociedades, no sumaron estos 2.500 euros ni en todo un año completo de negociación. Es más, ni siquiera la mitad de ellas (50%) superó esta marca en su media mensual del pasado ejercicio 2019.
Así lo muestran las cifras recopiladas por Invertia y extraídas de los registros de BME MTF Equity, nombre de la plataforma específica para la negociación de las acciones de las sicavs desde la reciente reorganización del antiguo MAB. Además, casi un tercio de estas sociedades (30%) ni siquiera alcanzó volúmenes de negociación por 1.000 euros a lo largo del año pasado.
Efecto bumerán
Estas raquíticas cifras de liquidez son reflejo de la vocación de permanencia con la que los inversores suelen entrar en este tipo de vehículos. No obstante, desde la industria se alerta de que también dejan en evidencia que el impulso que se pretendía dar a la inversión minorista podría volverse en contra de este fin.
La advertencia se debe a que, mientras en la actualidad cualquier inversor podía beneficiarse de las exenciones fiscales de las sicavs desde la primera acción de estos vehículos en cartera, ahora será necesario acumular un inversión que sume 2.500 euros. Una cifra cuyo alcance podría resultar sensiblemente complicado, a la luz de los volúmenes de negociación que maneja el sector.
A la postre, este umbral mínimo para sacar partido de uno de los principales factores diferenciales de las sicavs podría minar la rotación de carteras. Un cambio que, a la postre, “hacen que resulten menos atractivas para los inversores de perfil más modesto que acompañan a los grandes patrimonios que suelen encabezarlas”, reconoce un gestor madrileño de banca privada.
En este sentido, en el mercado se apunta a que la eventual dificultad añadida de encontrar contrapartida en el caso de querer vender solo unas acciones para ganar algo de liquidez podría terminar acelerando el trasvase de capitales hacia otros productos. En definitiva, un factor más para acelerar la progresiva y constante huida de inversores y cierre de estas entidades, acelerado desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.
Menos mariachis
Aunque, de momento, las sicavs se libran de cambios en su tributación, este giro de guion supone una nueva amenaza para una clase de sociedad de inversión con características similares en otros mercados europeos. En este sentido, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) planteado por el Gobierno para 2021 no establece ningún cambio en su actual régimen de gravámenes, una suerte que no han corrido finalmente las socimis.
El nuevo umbral que obligará a los inversores minoristas de las sicavs -los conocidos popularmente como ‘mariachis’- a alcazar una inversión mínima de 2.500 eros lo anunció a comienzos de mes la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón. Explicó que con esta medida se pretende incrementar la recaudación vinculada a la inversión sin variar los tipos actualmente vigentes para las sicavs y que este mismo año han pasado el escrutinio de instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
A la par, el objetivo de la Hacienda Tributaria es que los ‘mariachis’ se conviertan en inversores de cierto peso y dejen de ser accionistas de paja frente a los dominantes. Esto es, que vayan más allá de la mera función de elevar el número de partícipes de una sicav hasta el umbral mínimo de 100 que marca la ley vigente, en la que actualmente no se establecía ningún capital mínimo.
Los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que es la autoridad que actualmente corre con la supervisión de las sicavs aunque coticen en mercados distintos al oficial, muestran que el número de estas sociedades con menos de 100 accionistas se ha incrementado un 33% en el último año.
Estampida inversora
Esta sería una de las circunstancias que, según denuncian voces del sector, habrían impulsado a algunos sectores del Gobierno -especialmente las facciones procedentes de Unidas Podemos- a forzar el cambio de normativa que amenaza su liquidez. Incluso aunque en un primer momento sí pudiera darse cierto auge de volúmenes.
Un repunte en la liquidez que en el sector dan por hecho como algo puntual y anecdótico que no sería más que una consecuencia directa de la necesidad de los inversores de adecuar sus carteras al nuevo umbral mínimo de 2.500 euros. Un ajuste que, una vez producido, limitaría las operaciones de menor tamaño debido a que la permanencia de la inversión es mayor en estas sociedades que en otros vehículos de inversión, donde la liquidez para operaciones de menor dimensión no queda comprometida por ninguna normativa. Al menos, de momento.