La inversión en criptodivisas está en auge en todo el mundo gracias a haber ofrecido suculentas rentabilidades. Más allá de los riesgos propios de estos activos, como su elevada volatilidad, los inversores se enfrentan a otro peligro: el de ser víctimas de una estafa.

Muchos de los damnificados lo han perdido todo, desde indemnizaciones por despido hasta préstamos ICO concedidos a sus empresas, pasando por herencias o joyas. Otros pidieron préstamos o hipotecas para poder invertir.

Así lo explica Emilia Zaballos, presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas en una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia. “Ahora se han encontrado con que tienen todas esas deudas y encima han perdido todo su dinero”, afirma.

Su asociación trabaja en la actualidad con unos 6.000 afectados por estafas con criptodivisas. Algunos de los casos más conocidos son los de las plataformas Arbistar -de Javier Biosca-, Algoritmhmics Group o Kualian. Todos ellos están siendo juzgados en la Audiencia Nacional.

Su modus operandi es sencillo. “Usan una publicidad muy agresiva, diciéndoles a los posibles inversores que se pueden hacer millonarios muy fácilmente con las criptodivisas. Les aseguran intereses muy altos y además les animan a que reinviertan los beneficios para que acumulen más capital”, explica Zaballos. La clave está en que son las plataformas y no los usuarios los que realmente gestionan el dinero.

Estafa piramidal

En este tipo de prácticas, al más puro estilo de esquema de Ponzi, la captación es fundamental. Por ello, las plataformas “fomentan que los usuarios traigan a nuevos inversores” a cambio de más criptomonedas o pequeñas comisiones.

Así aseguran la base de estas estafas piramidales, en las que las rentabilidades obtenidas por los antiguos inversores son realmente los capitales aportados por los nuevos incautos.

“En el momento en el que deje de entrar gente no se puede sostener”, puntualiza Zaballos, quien también subraya que los timadores “se aprovechan de la falta de formación y de información de los pequeños inversores”.

Una vez captados, los estafadores ofrecen a los usuarios información falsa sobre la evolución de sus inversiones, asegurándoles que están obteniendo altas rentabilidades. Los estafados solo se dan cuenta de que han sido engañados al intentar retirar de estas plataformas los beneficios obtenidos o el capital aportado.

'Criptosectas'

“Antes, estaban encantados y de ahí vienen tantos comentarios de “me he hecho rico” o “he ganado tanto”, pero cuando han intentado recuperar su dinero se han dado cuenta de que los números no eran reales”, indica Zaballos.

Una vez que las denuncias han proliferado y que muchas plataformas están siendo investigadas, los estafadores han dado un paso más y han comenzado a captar jóvenes también bajo la promesa de hacerles ricos invirtiendo en criptomonedas. Se trata de las ‘criptosectas’.

Los objetivos de estas organizaciones -como IM Academy, según han denunciado muchos padres- son estudiantes, algunos incluso menores de edad, a los que convencen en parques públicos o en eventos presenciales.

“Les están diciendo que es muy fácil acceder a una vida cómoda, sin estudiar ni trabajar, ofreciéndoles formarse en este tipo de inversiones para ganar mucho dinero”, sentencia Zaballos.

Estos jóvenes pagan entre 500 y 1.500 euros en cursos para invertir en criptodivisas, “pero lo que realmente les enseñan es a captar a otros jóvenes para que también se matriculen”. A cambio, les dan una comisión.

“Les animan a que dejen a sus familias y los estudios y que se vayan a pisos donde duermen en colchones. Solo viven para la captación y todo gira alrededor del dinero fácil”, denuncia Zaballos.

Regulación

La proliferación de estafas con criptodisivisas tampoco son buenas noticas para las plataformas que operan de forma lícita. “Para todos aquellos usuarios nuevos que quieran acceder al mundo de las criptomonedas es evidente que pueden suponer una barrera de entrada”, explica Fernando Ramos, CLO de Bit2Me.

A la espera de la aprobación y entrada en vigor del reglamento europeo, el conocido como MiCA -del inglés Market in Crypto Assets-, Zaballos pone de manifiesto, “el vacío legal que existe” en el universo de los criptoactivos. La falta de protección, opina, “crea una inseguridad jurídica importante para todos los inversores”.

A la espera de la normativa europea, el verano pasado se aprobó en España la nueva ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. El texto obliga a las plataformas al suministro de información, tanto de los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales como de las operaciones en las que intervienen.

Zaballos critica duramente esta ley al considerar que “lo único que le interesa al legislador es la recaudación por los beneficios obtenidos, ya que solo se centra en la transacciones de compra y venta de criptomonedas o el intercambio por dinero fiat”. “Deja desprotegidos a todos los afectados. Lo primero era llenar las arcas del Estado”, añade.

Identificación

En Bit2Me se muestran a favor tanto de la norma contra el blanqueo de capitales, como de la regulación de la publicidad de criptoactivos por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Consideran que “aportan seguridad y confianza al sector”.

Antes de invertir en cualquier plataforma, Zaballos recomienda acudir a la CNMV para comprobar si hay algún tipo de incidencia sobre ella o si está catalogada como ‘chiringuito financiero’. Así es como se conocen a aquellas entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar registradas ante el regulador del mercado español.

También se debe identificar si el proveedor se encuentra registrado ante el Banco de España, tal y como aconsejan en Bit2Me, que fue la primera plataforma en estarlo. Ramos también subraya que “la falta de información e identificación del proveedor de servicios es clave a la hora de llegar a saber que se está ante una estafa”.

“La ausencia de atención al consumidor con teléfonos de contacto o correos electrónicos también son elementos claves a la hora de analizar si se trata de una estafa o de la prestación de un servicio real”, añade.