Desafíos Fiscales de España: Una Perspectiva a Largo Plazo
España es el segundo país que debe realizar el mayor esfuerzo fiscal para enfrentar desafíos a largo plazo, consecuencia del envejecimiento demográfico, el aumento del gasto en defensa, la digitalización y la lucha contra el cambio climático. Así lo refleja el BCE en su último boletín, donde anticipa que estos gastos recurrentes impondrán importantes cargas fiscales en las próximas décadas.
Recientemente, el Banco de España advirtió que, sin nuevas medidas de consolidación fiscal, hay una probabilidad del 80% de que la deuda pública supere el 100% del PIB para 2040. La institución cree que sin consolidación fiscal y con el aumento de los gastos en pensiones, la relación deuda pública-PIB aumentará a partir de 2030, potencialmente superando el 120% al final del periodo de proyección.
Este debate sobre deuda y gasto se enmarca en las nuevas reglas fiscales europeas que exigen a los países reducir la deuda pública por debajo del 60% del PIB y el déficit público al 3%. Esto refleja los objetivos fiscales discutidos en estudios de economía y finanzas públicas hace décadas.
La curva de la deuda pública en España no refleja el dilema de su homóloga en Estados Unidos, pero sí presenta un problema estructural comparable a lo ocurrido recientemente en Francia.
El ajuste fiscal necesario para que cada país de la zona euro alcance estos objetivos varía. En el caso de España, dicho ajuste ascendería aproximadamente al 8% del PIB, principalmente debido al impacto del envejecimiento de la población, siendo el segundo mayor entre los países de la zona euro, cuyo ajuste promedio estimado ronda el 5%.
Desde el punto de vista de los mercados, este análisis no es insignificante. Aunque no hay sanciones potenciales, sí afecta el coste de la deuda para una economía con necesidades perennes de financiación exterior. El gasto social implica pedir prestado, y emitir más deuda supone pagar más intereses, lo que crea un ciclo continuo de endeudamiento.
La curva de la deuda pública en España no refleja el dilema de su homóloga en Estados Unidos, pero sí presenta un problema estructural comparable a lo ocurrido recientemente en Francia. El Tesoro es consciente de lo que implica emitir deuda asociada a una elevada prima de riesgo.
El Banco de España y el BCE coinciden en el fondo pero difieren en las formas. Ambos recomiendan disciplina fiscal a los gobiernos, pero como autoridad monetaria, el BCE cede a las presiones políticas para reducir el coste de la deuda. Si el mandato del máximo organismo monetario europeo es alcanzar y mantener la estabilidad de precios gobernar con dos caras no es sostenible sin comprometer su independencia.