Una oficina de CaixaBank.
Inmocemento (FCC) alerta de su alta dependencia de CaixaBank como inquilino en 405 oficinas
- La escisión de FCC no garantiza el reparto de dividendos y previene de los efectos indeseados de la política climática de la UE.
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Inmocemento, la escisión de FCC que ha debutado este martes en el Mercado Continuo con una caída del 9,88% cediendo así los 4,25 euros del precio fijado de partida, alerta de numerosos riesgos potenciales para los inversores. La compañía no puede asegurar que vaya a distribuir dividendos a los accionistas, teme que la regulación ambiental de la UE afecte a su demanda de cemento y, sobre todo, alerta de su alta dependencia de CaixaBank como inquilino en 405 oficinas.
En su documento de registro universal ante la CNMV, Inmocemento señala que "sin perjuicio de que la actividad del área inmobiliaria cuenta con una cartera de clientes muy diversificada por sectores de actividad", el importe neto de su cifra de negocios "depende de forma significativa de un único cliente, CaixaBank", en virtud del contrato marco de arrendamiento suscrito entre CaixaBank y Jezzine Uno en diciembre de 2012, cuya fecha de vencimiento pactada es el ejercicio 2037, y que tiene por objeto el alquiler de 405 locales comerciales.
A cierre de junio, suponía el 18,33% del área inmobiliaria. Incluso, en 2021 llegó a ser del 25,51%. Si bien sobre la cifra de negocio total del grupo el porcentaje se reduce al 5,32%. "Esta concentración supone asimismo depender de la solvencia y liquidez del arrendatario en cuestión, así como de la estrategia empresarial que desarrolle".
Y prosigue la nueva cotizada: "En el supuesto de que CaixaBank no renueve su relación contractual con el grupo, o éste no fuera capaz de sustituirlo oportunamente con otro arrendatario (u otros) de similares características y términos similares a los actuales, se podría producir un impacto sustancial negativo en las actividades, los resultados de explotación y/o la situación financiera del Grupo Inmocemento, y la valoración de la sociedad podría verse afectada negativamente".
Sobre el total de oficinas de las que dispone la red de CaixaBank, estas 405 de Inmocemento suponen una décima parte.
La escisión de FCC que agrupa sus negocios inmobiliario y cementero es un holding que controla el 80,03% de FCYC (que a su vez tiene el 77,6% de Realia Business, el 21,26% de Metrovacesa y el 100% de Jezzine Uno), así como el 99,52% de Cementos Portland Valderrivas (bajo la que se encuentran participadas como Société de Ciments D'Enfidha, al 87,86%, o Giant Cement Holding, al 45%).
La empresa no ha adoptado ninguna política concreta en materia de distribución de dividendos o de remuneración de los accionistas, de modo que el reparto de beneficios se revisará con carácter anual. Aunque Inmocemento advierte de que "la sociedad no puede garantizar que en el futuro vaya a distribuir dividendos o que, en el caso de hacerlo, los dividendos vayan a mantenerse o aumentar progresivamente con el tiempo".
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Inmocemento hace constar en el documento que ni FCYC ni Cementos Portland Valderrivas han distribuido dividendos durante los ejercicios 2023, 2022 y 2021, ni en el transcurso del ejercicio 2024 y que, "sin perjuicio de que determinadas sociedades filiales de FCYC y de Cementos Portland Valderrivas sí que han distribuido dividendos en los ejercicios 2023, 2022 y 2021 y en el transcurso del ejercicio 2024, algunas de ellas (en particular, Realia Patrimonio y Jezzine Uno) tienen condicionada la distribución de dividendos al cumplimiento de determinadas ratios financieras conforme a lo establecido en los correspondientes contratos de financiación".
Por último, el nuevo miembro del Continuo alega que el número creciente de regulaciones medioambientales, así como de los costes de emisión de CO₂, "hacen necesario aplicar estrategias de adaptación a las regulaciones ambientales europeas y colocan al mercado cementero de la UE y al mercado español en una situación de desventaja competitiva con respecto a otros mercados en los que no existe una regulación medioambiental en este sentido o en los que dicha regulación es más laxa (riesgo de fuga de carbono)".
Un CBAM que genera dudas
De ahí que las importaciones de cemento procedentes de países con regulaciones medioambientales más laxas o, incluso, inexistentes, pueden provocar "una disminución de la demanda de los productos ofertados por la unidad de negocio de cemento del grupo, impactando negativamente en sus resultados".
Con todo, Inmocemento es sabedor de que, en 2022, la UE aprobó el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), mediante el cual se persigue combatir el riesgo de fuga de carbono estableciendo un sistema de fijación del precio del carbono equivalente para las importaciones y los productos nacionales.
Pero la compañía "no puede asegurar que el mecanismo CBAM, que está en proceso de implementación gradual, vaya a garantizar la competitividad del mercado europeo del cemento mediante el establecimiento de un mecanismo eficaz, justo y fiable de fijación de precios del carbono importado a la UE que garantice la igualdad de condiciones entre los productores de cemento en la UE y los productores radicados en otras jurisdicciones".
Y, por tanto, "si no se lograsen estos objetivos, el grupo podría ver disminuida su cuota de mercado y/o enfrentarse a una reducción de los precios de sus productos".