En un comunicado, la Confederación insta al Ejecutivo a que actúe con urgencia para que se suprima el impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o plusvalía municipal que cobran los ayuntamientos.

Miguel Ángel Sánchez Fraile, secretario general de la Confederación, pide al Gobierno que regule adecuadamente esta forma de financiación municipal mediante "un sistema justo que tenga en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo y que sea aplicable de forma progresiva".

En su opinión, este impuesto "adolece de graves defectos, ya que no distribuye riqueza, no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente, se aplica de forma automática y objetiva con una fórmula de cálculo también muy cuestionada y puede llegar a tener carácter confiscatorio".

La Confederación entiende que "es necesaria una modificación radical de este impuesto y plantea su desaparición total con efectos inmediatos, así como la regulación de un sistema adecuado para los supuestos en que ya se haya devengado el mismo".

La desaparición de este impuesto, según Sánchez Fraile, no significaría que los ayuntamientos se queden sin ingresos por este concepto, ya que lo más adecuado sería que el Gobierno central les compensase por ello.

Así, los ayuntamientos no entrarían a recaudar ni regular las plusvalías, pero sí recibirían del Estado el importe que resultara de la declaración de las mismas en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades.

La Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas es un organismo sin ánimo de lucro creada en 1996, que representa a más de 160.000 propietarios asociados en todo el país.