Con una buena campaña fiscal se puede ganar unas elecciones. Pero ¡ojo! La boca de los políticos se llena durante los días previos a esas citas electorales y la credibilidad, ya muy desgastada para esas fechas, es mínima. El 10 de noviembre volvemos a las urnas.

En la presente precampaña, la que nos lleva a votar presidente del Gobierno en algo menos de uno mes, se ha quitado el ‘cordón sanitario’ al tema de las pensiones. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y secretario general del PSOE, ha prometido actualizar las pensiones en torno al IPC real en el mes de diciembre, pasadas las elecciones, y aumentar el salario mínimo interprofesional. El compromiso de eliminar del debate electoral el asunto de las pensiones, y llevarlo al Pacto de Toledo, ha saltado así por los aires.

Con los impuestos no existe ese pacto tácito para dejarlos fuera de las promesas electorales. De hecho, existe la certeza de que “una buena campaña fiscal puede ganar las elecciones”.

Solo hay que recordar cómo en 2011 la prometida rebaja de impuestos del equipo de Mariano Rajoy (PP) ‘enganchó a miles de votantes’. Lo que tampoco olvida el ciudadano es que esa bajada no pudo hacerse y en un ejercició de enmienda a sí mismos el Gobierno del PP subió los impuestos, nada menos que IRPF, IVA, IBI…

Y ese es el problema. En muchos casos el bazar de rebajas fiscales en el que vocean los políticos no tiene una estructura firme, es decir, se anuncian modificaciones tributarias, rebajas, más deducciones… sin saber qué consecuencias puede tener.

La precipitación en asuntos fiscales no es buena compañera y a veces consigue efectos imprevistos. Hace un año, el Gobierno de Sánchez anunció por decreto que el sujeto pasivo del AJD sería la banca.

Entre las consecuencias, varias CCAA han subido el tipo impositivo y han eliminado los mínimos. Los bancos han buscado el modo de mitigar el impacto y según datos del notariado, en 11 comunidades se ha rebajado la responsabilidad hipotecaria. Precisamente sobre ella recae el gravamen del AJD.

Pero hay más ejemplos. Según publicó Invertia en febrero de este año, tal  y como estaba planteada la proposición de ley del Grupo Popular en el Senado sobre la derogación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la herencia pasaría a tributar en el IRPF.

Los planes fiscales 'marca de fábrica' del PSOE son también de sobra conocidos: aumentar dos puntos los tipos impositos para contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros, incrementar el tipo estatal del ahorro, recuperar el impuesto sobre el Patrimonio, impulso tasas Google, Tobin, típo efectivo mínimo de Sociedades para grandes corporaciones, por no hablar de la imposición medioambiental de la que hacen gala todas las formaciones. Por ahora, nada de nada.

Hace unos días, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera,  volvió a abrir el melón de las herencias y presumía en su cuenta de haber aprobado la eliminación del impuesto de sucesiones en Castilla y León, "un impuesto injusto que llevaba décadas castigando el esfuerzo de las familias”, dijo.

Pero no nos llevemos a engaño, el impuesto de Sucesiones y Donaciones está muy menguado en las comunidades autónomas. La mayoría ya le ha ‘metido mano’ mediante bonificaciones y reducciones por lo que queda muy  poco por eliminar.

Una circunstancia que “tampoco es de recibo”, observa un experto fiscal, es que en una campaña para las Elecciones Generales los partidos hagan propuestas que corresponden a otras administraciones, como autonómicas y locales, y hablen de Sucesiones y Donaciones, ITP o AJD así como del IBI.

Más allá de si la economía puede soportar ahora medidas fiscales de calado, los expertos advierten que no se trata de subir o bajar los gravámenes sino de plantear una completa reforma fiscal que no base, casi exclusivamente como ahora, la recaudación al sector inmobiliario. Los datos que este jueves ha publicado el INE sobre la compraventa de viviendas son la clave.