Despacito tiene "varios tipos de derechos de autor, que abarcan desde los de grabación hasta los de composición. Aunque YouTube tiene acuerdos de licencia con numerosas entidades, se desconoce quiénes son los titulares de algunos de estos derechos. Esa incertidumbre podría forzarnos a bloquear vídeos como este para evitar la responsabilidad que se deriva del Artículo 13”, explica YouTube.

Las plataformas de contenido gratuito están en lucha. Tanto Google como YouTube han lanzado campañas para evitar que Europa legisle en su contra. En concreto, los gigantes de internet se oponen a la modificación de la ley de copyright que tramita Bruselas, específicamente al artículo 13 que “obliga a los proveedores de servicios de la sociedad de información que almacenan y dan acceso a grandes cantidades de obras [...] a tomar medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar el funcionamiento de los acuerdos celebrados con titulares de los derechos”, según el texto original del Parlamento Europeo.

Si hasta el momento eran los creadores de contenido quienes debían solicitar la protección de sus derechos de autor, la modificación de este artículo pone en manos de las plataformas de difusión el cumplimiento de esos derechos. De esta forma, Europa adopta una posición “ecléctica, en la que se defiende a los productores y a los creadores”, señala Efrén Díaz, abogado sénior del bufete Mas y Calvet.

YouTube estima que 35 millones de canales se verían afectados en la Unión Europea por esta nueva directiva. La plataforma de vídeo añade que en los últimos 12 meses se han pagado 800 millones de euros a los titulares de contenido alojado en YouTube en la Unión Europea y 1.500 millones a la industria musical, estos últimos generados por anuncios.

Sin embargo, de salir adelante la legislación que propone Europa, la plataforma sería responsable “desde el momento de la subida (de contenido a YouTube) de cualquier infracción de derechos de autor”, explica la plataforma en su campaña #SaveYourInternet. 

YouTube asegura que apoya “los objetivos” de la modificación que propone Europa, pero señala que el texto actual “podría tener graves consecuencias”.

Licencia de los editores

En el caso de Google, la preocupación se centra en el artículo 11, que establece que la publicación online de cualquier contenido periodístico debe contar con la autorización del editor. Julia Reda, eurodiputada del partido pirata alemán, señala en su blog que “las previsualizaciones que se generan en las redes sociales cuando los usuarios comparten un link, necesitarían una licencia”. De la misma forma, la necesitaría Google para publicar contenido de medios online.

Por ese motivo, Google ha lanzado la campaña “Juntos por los derechos de autor” en la que critica que “la propuesta de directiva europea de derechos de autor puede tener consecuencias no deseadas que podrían limitar la diversidad de información en la web”. Y es que el argumento de las grandes plataformas es que velar por los derechos de autor supondría vetar cierto contenido.

“La propuesta de legislación sobre derechos de autor del Parlamento Europeo requeriría que los servicios de búsqueda implementaran licencias, lo cual podría obligarlos a empezar a elegir qué contenido incluir y qué contenido excluir”, explica Google.

El objetivo de la Unión Europea es que “los editores europeos generen ingresos permitiéndoles cobrar a las plataformas de Internet por mostrar fragmentos de su contenido a los usuarios”, recoge Reda en su blog.

“Lobby corporativo”

Pese a las ‘buenas intenciones’ de ambas plataformas en mantener el derecho a la información y la riqueza de sus contenidos, el abogado de Mas y Calvet critica que la postura de Google y Youtube es la de un “lobby corporativo”, que lejos de defender “el bien común, lo que hacen es defender su negocio”. Y es que la aprobación definitiva de estas modificaciones, conllevaría a ambas plataformas a realizar un trabajo exhaustivo sobre el contenido que ofrecen.

El próximo lunes 21 de enero el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento debatirán sobre el texto final de la directiva. El voto para aprobar la decisión tendrá lugar entre marzo y abril de este año.