La Unión Europea ha denunciado este viernes a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) como medida de defensa de su sector de alta tecnología. Bruselas acusa a Pekín de impedir a las empresas comunitarias recurrir a tribunales de fuera de China para proteger sus patentes de tecnologías clave (por ejemplo, 3G, 4G o 5G) cuando éstas son utilizadas de forma ilegal por parte de los fabricantes chinos de teléfonos móviles.
Esta política china es "muy perjudicial para la innovación y el crecimiento de Europa" y priva a las empresas europeas de la posibilidad de ejercer y hacer valer unos derechos que les confieren una ventaja tecnológica, según ha dicho la Comisión Europea.
La decisión de Bruselas de acudir a la OMC indica un nuevo agravamiento de las tensiones comerciales entre la UE y China. El Ejecutivo comunitario ya denunció hace unas semanas a Pekín ante el organismo con sede en Ginebra por amedrentar a Lituania con represalias comerciales ilegales por la apertura en Vilna de una oficina diplomática de Taiwán.
"Las empresas de la UE tienen derecho a recurrir a la justicia en condiciones equitativas cuando su tecnología se utiliza de manera ilegal. Ese es el motivo por el que hoy ponemos en marcha consultas en el marco de la OMC", ha explicado el vicepresidente de la Comisión y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis.
El conflicto se remonta a agosto de 2020, cuando el Tribunal Supremo Popular de China dictaminó que los tribunales chinos pueden prohibir, mediante un "mandato judicial antiproceso", que los titulares de patentes recurran a los tribunales fuera de China para hacer respetar sus patentes. El incumplimiento de dicha orden puede sancionarse con una multa de 130.000 euros diarios.
Desde entonces, los tribunales chinos han emitido cuatro mandatos judiciales antiproceso contra titulares de patentes extranjeros. Bruselas sostiene que el objetivo último de esta política es obligar a las empresas europeas a conceder licencias para el uso de estas patentes a los fabricantes chinos "por debajo de los precios de mercado".
"Esto ha dejado a las empresas europeas de alta tecnología en una situación de desventaja importante a la hora de luchar por sus derechos. Los fabricantes chinos solicitan estos mandatos judiciales antiproceso a fin de beneficiarse de un acceso más barato o incluso gratuito a la tecnología europea", asegura la Comisión.
La UE ha planteado este problema a China en varias ocasiones, en un intento de encontrar una solución negociada, pero hasta ahora no ha tenido éxito. Bruselas sostiene que la manera de actuar de Pekín es incompatible con el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Por eso, ha decidido llevar el caso a Ginebra.
Las consultas que la UE ha solicitado con China constituyen el primer paso en el proceso de solución de diferencias de la OMC. Si no conducen a una solución satisfactoria en un plazo de sesenta días, la UE puede solicitar que la OMC constituya un panel arbitral para que se pronuncie sobre este asunto.