La fumata blanca ha llegado poco antes de las dos de la madrugada de este sábado tras una jornada maratoniana de 16 horas de conversaciones. Los negociadores de los Gobiernos europeos y de la Eurocámara han alcanzado un acuerdo final sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Una norma pionera a nivel mundial que obligará a las plataformas digitales a reforzar los controles sobre los contenidos y productos que intercambian sus usuarios, por ejemplo falsificaciones o estafas, contenidos ilegales como la pornografía infantil o la incitación al odio, pero también campañas de desinformación y fake news. 

La Ley de Servicios Digitales constituye el segundo pilar de la ambiciosa reforma emprendida por la UE para poner coto al enorme poder de mercado acumulado por gigantes tecnológicos estadounidenses como Facebook, Amazon o Google. La segunda pieza, la Ley de Mercados Digitales, ya se aprobó el pasado 25 de marzo. Ambos reglamentos, propuestos por la Comisión en diciembre de 2020, se han tramitado en tiempo récord, una muestra de la inquietud que generan en Bruselas las prácticas abusivas de las plataformas.

"Con la DSA ayudamos a crear un entorno online seguro. Las plataformas deberán ser transparentes sobre sus decisiones de moderación de contenidos, evitar que la desinformación peligrosa se vuelva viral e impedir que se ofrezcan productos inseguros en los mercados. Con el acuerdo de hoy, garantizamos que las plataformas rindan cuentas por los riesgos que sus servicios pueden representar para la sociedad y sus ciudadanos", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de la norma, Margrethe Vestager.

La nueva Ley de Servicios Digitales consagra un principio básico: lo que es ilegal en el mundo físico debe ser también ilegal en el mundo online. Se aplica a todas las plataformas y motores de búsqueda, pero establece exigencias más estrictas para las más grandes, las que tienen más de 45 millones de usuarios activos al mes en la UE. En caso de incumplimiento, los gigantes tecnológicos se enfrentan a multas que podrían llegar al 6% de su volumen de negocios total el año anterior.

En concreto, la norma obliga a las plataformas digitales a establecer un mecanismo para que los usuarios puedan denunciar fácilmente la presencia de bienes, servicios o contenidos ilícitos en línea, que deberán ser retirados de forma urgente. También contempla salvaguardias para que los consumidores puedan impugnar decisiones de moderación y restablecer contenidos suprimidos erróneamente. En materia de transparencia, la Comisión Europea y los Estados miembros tendrán acceso a los algoritmos de las plataformas más grandes.

Publicidad personalizada

Durante la negociación final con la Eurocámara, se han introducido nuevas disposiciones para limitar la publicidad personalizada en internet. Esta práctica estará totalmente prohibida en el caso de los menores. Tampoco se podrá hacer publicidad personalizada sobre la base de categorías especiales de datos que permiten dirigirse a grupos vulnerables. Por ejemplo, los basados en la orientación sexual, religión o etnia.

La Ley de Servicios Digitales prohíbe además manipular las decisiones de los usuarios a través de los denominados "patrones oscuros". Las plataformas y los mercados online no podrán empujar a las personas a utilizar su servicios, por ejemplo, dando más importancia a una opción en particular o instando al destinatario a cambiar su decisión a través de ventanas emergentes que interfieren. Cancelar la suscripción de un servicio deberá ser tan fácil como suscribirse.

Las víctimas de la violencia cibernética estarán mejor protegidas, especialmente contra el intercambio no consentido de imágenes (pornografía de venganza), que deberán eliminarse de inmediato una vez denunciadas. 

A las grandes plataformas con más de 45 millones de usuarios, la norma les obliga a analizar los riesgos sistémicos que engendran y a poner en marcha un sistema de reducción de riesgos. Este análisis debe hacerse una vez al año y deberá tener en cuenta cuatro tipos de riesgo: la difusión de contenidos ilegales, los efectos negativos sobre los derechos fundamentales, la manipulación de sus servicios que pueda tener un impacto sobre procesos democráticos y seguridad pública y los efectos negativos en materia de violencia de género, menores o salud física o mental de los usuarios.

Mecanismo anticrisis

En el contexto de la guerra en Ucrania y de la manipulación de la información online asociada al conflicto, los colegisladores han introducido un nuevo artículo a la Ley de Servicios Digitales que establece un mecanismo de reacción frente a crisis, por ejemplo de seguridad o sanitarias. En ese caso, la Comisión Europea podrá exigir a las grandes plataformas que adopten medidas correctivas proporcionales y eficaces para limitar las amenazas en internet. Estas medidas específicas, que deben respetar los derechos fundamentales, están limitadas a tres meses.

Para garantizar una aplicación eficaz y uniforme de las obligaciones de la Ley de Servicios Digitales, los Gobiernos europeos y la Eurocámara han decidido encomendar a Bruselas un poder exclusivo de supervisión de las grandes plataformas y motores de búsqueda.

¿Cuáles son los siguientes pasos? El texto del acuerdo debe ser ahora finalizado a nivel técnico y verificado por los juristas lingüistas antes de ser enviado al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE para su ratificación. Una vez se complete este proceso, entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Las reglas empezarán a aplicarse 15 meses más tarde, es decir, probablemente a finales de 2023 o principios de 2024.