Los operadores de telecomunicaciones tendrán que atender a sus clientes en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado cuando así lo soliciten. Así lo recoge la enmienda a la Ley General de Telecomunicaciones aprobada este miércoles en el Pleno del Senado a propuesta de ERC. 

En concreto, la enmienda propone añadir un cuarto apartado al artículo 65 de la nueva Ley de Telecomunicaciones en el que se recogen los derechos específicos de los usuarios finales de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

En concreto, establece que toda la información recibida por dichos usuarios, así como todos los servicios de atención al cliente, deberán ser ofrecidos en la lengua oficial del Estado, así como en la de la comunidad autónoma correspondiente, "cuando así sea requerido por el usuario final o consumidor".

Esta enmienda ha sido aprobada con 146 síes, entre ellos los del PSOE, lo que representa que ha votado a favor del 55,9% del hemiciclo. Por el contrario, la propuesta ha contado con 108 noes, incluidos los del Partido Popular, y siete abstenciones. 

Además de la propuesta de ERC, el Senado también ha dado su visto bueno a otras tres enmiendas en su sesión plenaria, las cuales han contando con un amplio consenso, ya que han sido acordadas entre la gran mayoría de las formaciones políticas.

Estas tres enmiendas tienen como objetivo impulsar los despliegues de red en las zonas rurales del país y la universalización de los servicios. Por ejemplo, se facilita el uso de las fachadas para despliegues aéreos, adoptando las medidas oportunas para minimizar el impacto visual, ya que en los núcleos rurales es la opción más razonable.

El grueso de la Ley General de Telecomunicaciones también ha sido aprobada con un amplio consenso en el último pleno de la Cámara Alta celebrado este miércoles. En concreto, ha recibido 221 votos a favor (el 84,7%), 38 abstenciones y sólo dos votos en contra.

Al aprobarse estas cuatro enmiendas en el Senado, el texto salido del Senado regresa ahora al Congreso de los Diputados, donde tendrán que ratificarse todos los cambios realizados en la Cámara Alta antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista para junio.