La Ley General de Telecomunicaciones prosigue esta semana su recorrido parlamentario con su votación en el Pleno del Senado. Un examen en el que el Gobierno ya tiene prácticamente garantizada su aprobación, pero en el que se votarán hasta 125 enmiendas, entre las que destacan aquellas destinadas a impulsar los despliegues de banda ancha en la España Vaciada.

Salvo contratiempos de última hora, esta iniciativa legislativa volverá a contar con el mismo amplio respaldo que obtuvo en el Congreso de los Diputados. El PP confirmó esta semana en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Senado su intención de votar a favor de la ley, aunque no se aprueben las enmiendas que ha presentado. 

En la Cámara Baja, la ley fue apoyada por PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, el PRC, Nueva Canarias, Coalición Canaria y Foro Asturias tras aceptarse algunas de sus enmiendas. Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT y Junts se abstuvieron, mientras que Vox y la CUP votaron en contra.

No obstante, el texto llega al Pleno del Senado sin cambiar una sola coma respecto al documento remitido desde el Congreso de los Diputados. El PSOE se negó a aceptar ninguna de las 125 enmiendas que presentaron los grupos políticos y que ahora tendrán que ser votadas en la sesión plenaria que tendrá lugar el próximo miércoles. 

En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, Javier Puente, portavoz de Transformación Digital del Grupo Popular en el Senado, ha explicado que en la formación política entienden que la transformación digital tiene que ser vista como una "política de Estado", de ahí que su grupo vuelva a dar su voto favorable a esta ley.

Además, ha recalcado que se trata de "una buena ley", ya que en un 90% es una réplica de su predecesora de 2014, que contó con un respaldo del 95% de los parlamentarios en ambas Cámaras. Además, ese texto fue usado precisamente como referencia para redactar el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas que se transpone en el texto que llega esta semana al Pleno del Senado.

En la Comisión celebrada el pasado jueves, el senador socialista Francisco Blanco incidió en que se trata de una ley necesaria y urgente, tanto por la necesidad de incorporar la legislación europea al reglamento español y cumplir con los compromisos adquiridos en el Plan de Recuperación, como para reconocer el papel "fundamental" que desempeñan las redes para transformar y mejorar la productividad de otros sectores. 

Mejorar los despliegues rurales

Pese a este consenso en torno a la adecuada redacción del texto, los partidos de la oposición creen que existe todavía alguna oportunidad para mejorarlo. En el caso de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, que buscan eliminar aquellas trabas administrativas que están dificultando el despliegue en las zonas rurales del país. Puente confía en que acaben siendo aceptadas por los socialistas.  

La Ley de 2014 ha sido todo un éxito a la hora de acelerar los despliegues de telecomunicaciones en España y convertir al país en líder en servicios de banda ancha. No obstante, su desarrollo ha sido más rápido en las ciudades que en el entorno rural, debido a los trámites administrativos que se requerían por ejemplo en materia de permisos medioambientales, uso de fachadas o cruce de carreteras. 

Por ello, Puente ha remarcado que esta ley es una "oportunidad de oro" para acelerar el despliegue de la banda ancha en zonas rurales y lograr que los habitantes de la España Vaciada puedan disfrutar de todo los beneficios de la digitalización, como el teletrabajo, la telemedicina o la educación a distancia. 

"Con buenas conexiones y con servicios podemos luchar de forma eficaz contra la despoblación en nuestros pueblos, crear empleo y servicios", ha incidido el senador popular. 

Críticas al proceso

En este contexto, Puente también se ha mostrado crítico con la decisión del Gobierno de tramitar la ley por la vía de urgencia, lo que acorta los trámites en la Cámara Alta. Detrás de esta decisión se encuentra el hecho de que Bruselas ya ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el retraso en la transposición del código, que tenía que haberse completado en diciembre de 2020. 

El senador popular ha remarcado que "la falta de tiempo y la celeridad" que conlleva optar por este método de tramitación de urgencia dificulta la capacidad de llegar a acuerdos entre las distintas formaciones políticas. "Llega al Senado como un trámite de urgencia más que como una segunda lectura", ha apostillado.

En este sentido, ha advertido de la importancia que tienen los grandes consensos en todo lo relacionado con la transformación digital. Así, ha vuelto a recurrir al éxito de la Ley de 2014 para demostrar el impacto positivo que tiene alcanzar amplios acuerdos, ya que ha permitido generar más seguridad jurídica, más inversión, más empleo y más avance tecnológico. 

Pero también ha señalado que la Ley de Riders, que tiene un perfil tecnológico, es una muestra de lo contrario. Así, ha incidido en que el Gobierno no quiso escuchar a la oposición y alcanzar acuerdos con ella, lo que ha dado lugar a un texto que cuyo resultado ha sido "un desastre para las empresas y los trabajadores, ya que los repartidores prefieren ser autónomos".