Con su entrada en vigor este martes 1 de noviembre, la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea pasa a la fase crucial de ejecución. Se trata de la primera norma a nivel mundial diseñada específicamente para poner freno al enorme poder de mercado acumulado por gigantes tecnológicos como Facebook, Amazon, Google o Apple. Un poder que ejercen "en detrimento de los precios, la calidad, la competencia leal, las opciones y la innovación en el sector digital", reza el reglamento.

La principal novedad de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) es que establece una lista de una veintena de obligaciones y prohibiciones que se aplicará de forma preventiva y automática a las plataformas con poder de mercado en Europa. Es decir, sin necesidad de que Bruselas tenga que realizar una larga investigación previa para demostrar daños a los consumidores. Algunas compañías afectadas, como Apple y Google, ya se han quejado de las nuevas disposiciones aún antes de entrar en vigor.

Para preparar su aplicación, la Comisión Europea ya está hablando con el sector con el fin de garantizar el cumplimiento real de las nuevas normas. En los próximos meses, Bruselas organizará una serie de talleres técnicos sobre cómo asegurar el cumplimiento eficaz de la DMA.

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El primero de esos talleres se celebrará el 5 de diciembre de 2022 y se centrará en cómo aplicar en la práctica la disposición de "autopreferencia". Es decir, la cláusula que prohíbe a las plataformas clasificar sus productos o servicios más favorablemente que los ofrecidos por rivales.

"Un pequeño número de grandes empresas tiene en sus manos un poder de mercado considerable. Los 'guardianes de acceso' que disfruten de una posición sólida en los mercados digitales tendrán que demostrar que compiten de forma equitativa. Invitamos a todos los posibles 'guardianes de acceso', sus rivales y las organizaciones de consumidores a que vengan a hablarnos sobre la mejor manera de aplicar la Ley de Mercados Digitales", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

Guardianes de acceso

En efecto, la Ley de Servicios Digitales se aplica exclusivamente a las grandes plataformas que actúan como 'guardianes de acceso' a internet y que por ello tienen un enorme poder de mercado y han alcanzado una posición de dominio tal que amenazan con sofocar la innovación y la libertad de elección de los consumidores. 

La norma no identifica por su nombre de qué empresas se trata, sino que señala tres criterios acumulativos. El primero es tener un volumen de negocios anual en Europa de al menos 7.500 millones de euros o un valor de mercado de al menos 75.000 millones. El segundo es tener al menos 45 millones de usuarios activos en la UE y más de 10.000 usuarios empresariales. Finalmente, la compañía debe prestar al menos un servicio básico de plataforma en tres Estados miembros.

La DMA cubre un total de 10 servicios básicos de plataforma: servicios de intermediación en línea (tales como tiendas de aplicaciones), motores de búsqueda, servicios de redes sociales, determinados servicios de mensajería, servicios de plataformas de intercambio de vídeos, asistentes virtuales, navegadores web, servicios de computación en nube, sistemas operativos, mercados online y servicios de publicidad.

La fecha clave es el 2 de mayo de 2023, cuando empezarán a aplicarse todas las disposiciones del reglamento. A partir de ese momento, los posibles 'guardianes de acceso' tendrán que notificar a Bruselas sus servicios básicos de plataforma. Una vez que haya recibido la notificación completa, la Comisión dispondrá de 45 días hábiles para evaluar si la empresa en cuestión alcanza los umbrales y para designarla como 'guardián de acceso'. Tras su designación, los 'guardianes de acceso' tendrán seis meses para cumplir los requisitos de la DMA, como muy tarde el 6 de marzo de 2024.

Multas multimillonarias

En la práctica, los usuarios de móviles tendrán una mayor libertad de elección, ya que podrán instalar aplicaciones directamente o a través de tiendas alternativas al App Store de Apple o el Play Store de Google. Además, la norma establece una obligación de interoperabilidad para los grandes servicios de mensajería instantánea: si un usuario utiliza Signal, podrá enviar mensajes a los abonados de WhatsApp, por ejemplo.

La Ley de Servicios Digitales prohíbe también a los fabricantes de móviles obligar a los desarrolladores de aplicaciones a utilizar su sistema de pago. De hecho, los desarrolladores tendrán total libertad para usar el sistema de pago que prefieran. Los gigantes digitales deberán permitirles un "acceso justo" a las funciones adicionales de los móviles, como el chip NFC para intercambiar datos.

Si las grandes plataformas no cumplen estas nuevas normas, Bruselas podrá imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios anual en todo el mundo. Para los reincidentes, la multa puede subir hasta el 20% del volumen de negocios.

En caso de infracciones sistemáticas, la Comisión podrá imponer medidas correctoras adicionales. Cuando resulte necesario para conseguir el cumplimiento, y a falta de medidas alternativas igual de eficaces, tales medidas correctoras podrán ser soluciones estructurales como la de obligar a un guardián de acceso a vender una empresa o partes de la misma (es decir, la venta de unidades, activos, derechos de propiedad intelectual o marcas), o la de prohibir a un guardián de acceso adquirir una empresa que preste servicios en el sector digital.